Gobierno culpa a las CAR de los desastres del invierno

“Las corporaciones tienen responsabilidades que tienen que ver con la prevención de desastres, pero son limitadas. La prevención es responsabilidad fundamental del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, que está en manos del Ministerio del Interior, y me llama la atención que haya pasado de agache en esta crisis y todo se haya volcado hacia las CAR”, asegura Manuel Rodríguez, experto ambiental y ex ministro de Ambiente.

Así mismo, los expertos consideran que las reformas que se haga a estas entidades, encargadas de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible, deben realizarse con tiempo, con un análisis minucioso y sin las premuras que trae expedir un decreto bajo la emergencia económica, social y ecológica.

“Entiendo que las facultades que tiene el Gobierno son para tomar decisiones dirigidas a contrarrestar los efectos del invierno. ¿Será que la reforma a las CAR va dirigida a ello? ¿Con ese conflicto minero-ambiental que se nos viene, no será que el país necesita un poco más de reflexión y no una reacción tan inmediata para una reforma de esa naturaleza?”, pregunta María Victoria Duque, subdirectora de la Fundación Razón Pública.

Sin embargo la decisión está tomada, y Santos afirmó que el desastre humano (que deja más de dos millones de damnificados) y económico (evaluado en pérdidas billonarias) provocado por el invierno, “guarda íntima relación con una inadecuada gestión pública en la planificación y la administración de los recursos renovables.... Se evidenció que la jurisdicción y la competencia de las CAR no responden a criterios técnicos que se adecúen a un comportamiento similar al de la naturaleza”.

En ese sentido, un primer borrador del decreto propuso acabar las 32 corporaciones antes del 31 de diciembre de este año, y liquidar su patrimonio (los recursos asignados por el presupuesto general de la Nación, las rentas propias y demás recaudos percibidos por otro concepto) para conformar 17 nuevas instituciones y dividirlas según las principales cuencas hidrográficas del país.

No obstante, el Gobierno negó una decisión en tal sentido. “No es cierto lo que se ha venido divulgando como un hecho verdadero, que el Gobierno va a liquidar las corporaciones autónomas”, aseguró el mandatario, quien agregó que el problema se halla en la falta de gobernabilidad que ha permitido que se pierda control sobre las entidades.

Lo único cierto por ahora es que la suerte de las CAR aún está en vilo. El senador Juan Lozano, ex ministro de Ambiente, explicó que lo que se buscará es cambiar el origen de la designación de los directores de las corporaciones, que tendrían un perfil más gerencial, así como la composición de las juntas de las CAR, actualmente compuestas por representantes del Presidente de la República, del ministerio del Medio Ambiente, del sector privado, de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y de las comunidades indígenas y negras.

Con el decreto, las ONG y el sector privado ya no tendrían silla en conformación de las juntas de las corporaciones, pero se le daría cabida a representantes de instituciones de investigación científica, universidades, IDEAM y de parques nacionales. La raíz de esta decisión, se halla, según Lozano, en el hecho de que se tomaron decisiones que no eran las adecuadas, se invirtió dinero en proyectos que no lo merecían y se permitió que en algunas regiones se crearan ONG de papel, que representaban intereses particulares y que se sentaron en la mesa en donde se tomaron las decisiones.

Además Lozano afirmó que una eventual reducción del número de corporaciones también sería estudiada en sesiones extra del Congreso, en el marco del proyecto de facultades especiales del presidente para escindir ministerios y reformar departamentos administrativos.
 
Pero es este tema de privar a las ONG y al sector privado de la participación en estos organismos, lo que genera otro ángulo de la polémica, pues según representantes de las ONG y gremios del sector productivo ante los Consejos Directivos de las CAR en Santander, “el sector privado y las entidades sin ánimo de lucro son realmente quienes han venido aportando de manera constante y voluntaria al proceso de administración de los recursos naturales desde la protección, la mitigación y la conservación del medio ambiente”.

Por esta razón, suscriben: “consideramos que con esa determinación del Gobierno Nacional (el decreto) busca disminuir la acción autónoma que tenemos sobre nuestras regiones”.