España, en soberanía vigilada

   Hubo un tiempo en que el parlamento y el gobiernos de cada país europeo decidían su política fiscal, ejecutaban sus programas de gobierno y marcaban las líneas maestras del estado del bienestar, haciendo planes de pago de su deuda en términos razonables, como hacen las economías domésticas para aplazar pagos o comprar a plazos. Eran países soberanos.

   Nadie hubiera pensado hace años que la canciller de Alemania le iba a señalar a España sus deberes y le podría llegar a poner condiciones cómo la bajada de sueldos y la reforma de las pensiones para hacer viable nuestra economía.

   Estábamos acostumbrados a que el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales llevaran a cabo exigencias de ajustes duros en los países del Tercer Mundo -a los que la exquisita semántica ortodoxa del neoliberalismo llama ahora "emergentes"- con los consiguientes padecimientos de sus poblaciones y el fortalecimiento económico de sus clases dirigentes.

   Ahora Alemania, que ha pasado de ser impulsor de la Unión Europea a vigilante de la ortodoxia del neoliberalismo, nos marca las pautas de la política económica para que el precio de la deuda y los fondos de rescate garanticen la viabilidad de nuestro sistema.

   No se puede vivir sin la Unión Europea y al mismo tiempo da la sensación de que la Unión Europea nos está matando. Es cierto que nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad en haber permitido la burbuja inmobiliaria que enriqueció y fue impulsada por los bancos y los constructores y promotores. Construimos una España artificial bajo las soflamas de "España va bien" de José María Aznar y de "Hemos pasado a Italia en PIB y ahora vamos a por Francia" de José Luis Rodríguez Zapatero. Los sucesivos gobiernos de España son responsables de los cuatro millones de parados por haber centrado la economía en el ladrillo, pero ahora no podemos asistir sin reaccionar a que la señora Merkel nos dicte los deberes y convierta nuestra soberanía en "vigilada". La reacción contra la legitimidad de las instituciones y contra la Unión Europea puede acabar en revuelta social.