La resurrección de la Ley Sinde

Finalmente, será el juez quien decidirá sobre la legalidad de las descargas de la Red. Con ese requisito, al que había forzado el PP para dar su apoyo a la norma, ha sido resucitada la llamada Ley Sinde, un  mes después de haber sido rechazada en el Congreso, y para disgusto de “los navegantes”. De este modo, sin embargo, socialistas y populares, junto con CiU,  pactaban  'in extremis' una solución para el retorno de las medidas 'antipiratería' a la Ley de Economía Sostenible, recogidas en la Disposición final segunda: una enmienda conjunta que 'refuerza',  limitadamente, las garantías judiciales en el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos no autorizadas sujetos a derechos de autor. Se requiere "la previa autorización judicial" para que "el órgano competente", la Comisión de Propiedad Intelectual, que depende del Ministerio de Cultura, pida la identificación del responsable del servicio de la sociedad de la información que realizan la conducta presuntamente “vulneradora".

No obstante, el procedimiento de retirada de contenidos y el papel de la Sección Segunda prácticamente no varía respecto de la propuesta anterior. Las protestas de los “navegantes” de la Red no se han hecho esperar: les parece que regresa la misma ley con muy escasas modificaciones. El procedimiento de retirada de contenidos será el siguiente: A petición de la Comisión, y "en un plazo no superior a las 48 horas", el prestador del servicios de la sociedad de la información deberá "proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realizar las alegaciones y proponer las pruebas que estime oportunas". "Transcurrido el plazo anterior, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión, en el plazo máximo de tres días, dictará resolución", concluye la propuesta. "En todo caso", según el texto, "la ejecución de la medida exigirá de la previa autorización judicial. También aparece la composición de la Comisión, que son todos vocales ministeriales: "La Sección (Segunda), bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia". Un reglamento determinará su funcionamiento.

El acuerdo incluye un compromiso por parte del Ejecutivo de reformar en el plazo de tres meses la normativa sobre la compensación por copia privada, el canon digital, para adecuarlo a la sentencias del tribunal de Justicia de la UE, que pedía que su aplicación no fuese indiscriminada. Ahora,  las enmiendas a la LES pasarán a la Ponencia y a la Comisión de Economía del Senado el próximo día 1 de febrero, y llegarán al pleno para su votación el próximo 9 de febrero, y  superará, enmendada, el trámite del Senado, aunque sin convencer ni a los internautas) ni a los creadores.

Finalmente,  y después de tantos accidentes e incidentes, habrá una norma que permitirá el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. La norma permitirá clausurar los portales en un plazo de entre 15 y 17 días. Y ofrecerá más garantías, las de una mayor tutela judicial desde el inicio del proceso, cuando la Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad. "Se refuerzan las garantías que ya existían, en consenso con el PP", dijo a la prensa la ministra Ángeles González-Sinde: "Es una ley que respeta los derechos de todos. Un modelo distinto al de los países de nuestro entorno. Cuando empiece a funcionar comprobaremos que no supone una amenaza para el uso de Internet. Tiene que quedar claro que no se perseguirá a los individuos", añadió.

La ministra no consideró una derrota la inclusión de la modificación del canon en la ley Sinde. "Alcanzar un consenso en este sentido es una victoria para todos los ciudadanos". El acuerdo rubricado anoche pone fin a una de las tramitaciones legislativas más accidentadas de los últimos tiempos, y queda superado un quebradero de cabeza para el Gobierno y, sobre todo, para la ministra de Cultura, que acabó por darle su nombre involuntariamente. Ahora, el texto enmendado seguirá su proceso y, tras su estudio en comisión, deberá refrendarse en el pleno del Senado en menos de un mes. Después, volverá al Congreso, donde recibirá la aprobación definitiva. En todo caso, la enmienda conjunta de PSOE, PP y CiU fija tiempos, plazos y procedimientos, con mucha más precisión que el texto que fue rechazado en el Congreso, del proceso que puede acabar con el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.

Ahora queda por ver las práctica de la aplicación. Pero se ha salvado el escollo que venían denunciando muchas agencias de propiedad extranjeras, que veían a España como “un paraíso de los piratas en la Red”.

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