Una vez producida la sesión de negociación de la noche del miércoles, como la del lunes también con participación del presidente Zapatero, aún quedan algunos puntos de desencuentro entre las partes sobre edades de jubilación, tiempos de cotización y tiempos de cómputo, pero todo permite suponer que es cuestión de horas para que, finalmente, se cierre un debate que viene resultando interminable. Entre los puntos clave del desencuentro siguen apareciendo la edad legal de jubilación, a los 67 años para el Gobierno, salvo para las carreras largas de cotización o para profesiones penosas, frente a los 65 años con 35 de cotización y el 100% de la pensión, como hasta ahora, para los sindicatos. Éstos están dispuestos a ceder hasta los 38 años cotizados, también para las profesiones penosas y de riesgo. Para el Gobierno, retiro a los 65 años cuando se han cotizado al menos 39 años y cómputo de los últimos 25 años de vida laboral, en lugar de los 15 últimos. En cuanto a la jubilación anticipada, sería a los 63 años y no a los 61 como ahora.
La reforma admitirá condiciones más flexibles cuando la situación sea de crisis empresarial, y el retiro parcial será más duro subiendo la cotización para las empresas., y periodo transitorio hasta 2027, aunque Trabajo está dispuesto a llevarlo hasta 2030. Los sindicalistas plantean, además, lo que llaman relleno de lagunas de cotización, consistente en que las mujeres sumen dos años de cotización por hijo y buscar fórmulas de compensación para los periodos de estudios de los jóvenes. Reclaman que el periodo transitorio llegue más allá de 2027, así como el aumento de las bases máximas de cotización para lograr más ingresos para el sistema de pensiones e incentivos para prolongar la vida activa, aumentando la base de cotización hasta el 5%.
Pero es evidente que las posiciones entre sindicatos y Gobierno sobre la reforma de las pensiones se aproximan, con evidente esfuerzo e indudable deseo de coincidencia final. El principal escollo para alcanzar el pacto sigue estando en los años de cotización necesarios para jubilarse con 65 años y obtener la pensión completa. Pero las posturas en este punto se han ido limando. El Gobierno se ha apeado de su exigencia inicial (41 años de cotización), y ahora acepta 39. Los sindicatos parecen dispuestos a aceptar 38. Pero todavía nadie quiere lanzar las campanas al vuelo ni dar todo por resuelto. A falta de una jornada decisiva para saber si hay pacto, la diferencia es ya solo de meses, y ya puede hablarse de principio de acuerdo. Por más que se podrá seguir negociando después del viernes, cuando el Gobierno cumpla su calendario y presente el correspondiente anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Desde el primer día de la compleja negociación, el obstáculo más duro se situó en los años necesarios para poder jubilarse con 65. El Gobierno planteó 41.
En conversaciones informales habló de 39. Pero los 41 estuvieron encima de la mesa el lunes por la noche, cuando los líderes sindicales se vieron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora han vuelto a los 39, y el Gobierno no quiere bajar más. Los sindicatos, por su parte, en charlas informales se han mostrado dispuestos a aceptar 38 años cotizados. No obstante, un alto dirigente sindical respondía ayer mismo: "No puedo aceptar una oferta que no me han hecho formalmente". La resolución que aprobó el Congreso el pasado martes no es un aval a la intención del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación a 67 años, pero sí significa el camino de negociación a seguir. El voto particular apoyado por CiU, PNV, CC y PSOE da luz verde a este propósito, pero también reclama que no sea de forma general, sino flexible y progresiva. Un punto de flexibilidad se refiere a las profesiones penosas y de riesgo en las que habrá excepciones a la norma general de jubilarse a los 67. Este podía ser un tema a negociar después del viernes, pero supone aceptar que se retrase la edad de jubilación a los 67 años.
La jubilación responderá, de este modo, más a horquillas que, básicamente, estarán comprendidas entre los 63 años (edad mínima para la jubilación anticipada) y los 67. En cuanto a los periodos de implantación de la reforma también se han producido avances. Zapatero situó el periodo de transición para que la reforma entre plenamente en vigor entre 2013 y 2027 con la intención de no perjudicar a quienes se jubilan en un futuro inmediato. Los sindicatos exigen que este periodo transitorio sea aún mayor. El Ministerio de Trabajo está dispuesto a aumentar el periodo transitorio en dos o tres años, aunque nunca más allá de 2030, que es cuando se calcula que empiezan las tensiones demográficas en el sistema. Donde el Gobierno muestra una postura más inflexible es en el periodo de cómputo. Lo mantiene en 25 años, frente a los actuales 15. Los sindicatos están dispuestos a negociar. Un punto de acuerdo podría ser fijarlo en 20 años en un primer momento y elevarlo luego a 25.
Siguen siendo matices y “limaduras”, pero con suficiente calado, cada una de ellas, como para remover y modificar posiciones ya anteriormente aceptadas...
Si (
No(
