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Desde la Giralda

¿Guerra declarada?

¿Guerra declarada?

El Urbanismo, que tantos quebraderos de cabeza está dando a más de uno, al mismo tiempo que enriquece a los menos y empobrece a los más, parece haber sido incluso el detonante de una especia de guerra, limitada por el momento a los límites de declaraciones contrapuestas, entre los empresarios y la Administración Autónoma, responsable de la aprobación de un Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) tras el que los primeros aseguran ver un negro horizonte con el que se avecina una de las mayores, si no la mayor, crisis para la economía andaluza en los últimos tiempos.

Ocurre que en el citado POTA se incluyen una serie de limitaciones para el crecimiento urbanístico e incluso vecinal con ello de los pueblos y ciudades de esta Comunidad. Sucede que el POTA, por otro lado, comenzó a elaborarse con audiencia de todas las posibles partes implicadas, incluida la empresarial. Acontece que el primer texto salido de esas audiencias vio, según los empresarios, cómo incorporaba una serie de medidas y modificaciones en su tramitación parlamentaria que, según ellos, altera casi por completo la filosofía con la que fue concebido y consensuado en un principio.

Así las cosas, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero León, no dudó en referirse en un desayuno de trabajo con periodistas de que ese Plan, con las limitaciones que incluye, puede impedir el crecimiento de núcleos urbanos andaluces que lo necesitan, que nada tienen que ver con otros en los que han ocurrido “cosas” que efectivamente se debe evitar para el bien de todos, incluidos los empresarios, y llevar, con esos impedimentos, a la paralización del urbanismo, de la construcción y, con todo ello, del crecimiento y desarrollo de la economía andaluza, que cuenta con este sector, junto con el del turismo, como gran máquina para tirar del resto del tren económico.

A estas declaraciones de Santiago Herrero León siguieron, casi de inmediato, las del presidente de la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores), Francisco Javier de Aspe, que indicó que tras las citadas modificaciones del POTA podía esconderse una moratoria en materia urbanística que paralice casi por completo toda la actividad y los proyectos durante un periodo de entre tres y cuatro años, por lo que estaban estudiando un recurso contencioso-administrativo contra el mismo.

Eran demasiados disparos contra la línea de flotación de una medida administrativa como para que no se produjera una reacción, aunque ésta no llegó desde la Administración Autónoma sino desde el partido que la sustenta, el PSOE-A, cuyo secretario de Organización, Luis Pizarro, ha acusado directamente a los empresarios andaluces de estar creando una “alarma social” tan desproporcionada como carentes del más mínimo rigor en torno a una medida que en opinión del partido lo único que va a hacer es convertirse en "instrumento eficaz y fundamental para el desarrollo ordenado y sostenible de Andalucía".

La pelota, pues, ha quedado en el tejado y de momento parece que todo indica que finalmente va a caer del lado de la Administración y se va a mantener decisión de la Junta y de la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, de incluir el criterio contrario a crecimientos urbanísticos que supongan durante ocho años incrementos superiores al 40 por ciento en el suelo urbanizable y al 30 por ciento en la población de cualquiera de los municipios andaluces.

De momento sólo cabe esperar… y desear que no sean los empresarios los que tengan la razón con sus temores.

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