"Conociendo los antecedentes judiciales de Gustavo Azócar y los procesos emprendidos contra él, en condiciones a veces dudosas, podemos preguntarnos si no se trata de un nuevo ensañamiento judicial contra su persona", indicó RSF en un comunicado.
A ese respecto, la organización recordó que a la vista de los avatares desde su inicio "en este caso ya antiguo (...) el principio de equidad no fue respetado totalmente".
El origen de todo es un artículo que Azócar publicó el 12 de septiembre de 2004 en "El Universal", uno de los periódicos del que era corresponsal, en el que relataba "manejos irregulares" en la entrega de cédulas de identidad y citaba, entre otros, al coronel Ángel González, entonces coordinador de la Misión Identidad en el estado de Táchira.
La primera denuncia por difamación quedó en suspenso después de que González y el periodista llegaran a un acuerdo de conciliación por el que éste se comprometía a dar el derecho de réplica al coronel, que lo iba a ejercer en cuanto recibiera la autorización del Ministerio de Defensa.
Pero el departamento de Defensa no ha dado esa autorización, se han sucedido las audiencias y, según el Código Penal de 2005, Azócar podría ser condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo y a una multa de hasta 2.000 unidades tributarias (cada una equivale a 15 dólares).
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