Múltiples aristas de análisis surgen en la voluntad del enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Constitucional de parte del gobierno de Evo Morales. El Poder Judicial en pleno, argumentó que la medida era una muestra de autoritarismo que busca sesgar la independencia de poderes. Se han manifestado públicamente (y con inédita cobertura mediática) criterios referidos a que juzgar al Tribunal, era poco menos que juzgar a la Corte Celestial, por un simple hecho de voluntad autoritaria de parte del esquema oficial.
Personalmente considero que se trataría de autoritarismo si el gobierno de manera arbitraria habría destituido a los miembros o que no buscara un juicio de responsabilidades, o que pensara finalmente en iniciar un juicio ordinario siendo que ellos gozan de caso de corte. Nada de ello ha ocurrido, pues el esquema oficial sabe que no puede cometer error al respecto. El gobierno se estaría basando en los procedimientos que le faculta el derecho y la norma vigente y decide someter a juicio (de responsabilidades) respetando los fueros y garantías que como altos magistrados les corresponde.
Los analistas jurídicos (aquellos inmunes al apasionamiento) coinciden en manifestar que es natural en todo juicio, que el afectado proteste por el fallo adverso y es totalmente legítimo y democrático recurrir a las vías legales para apelar o denunciar ante las autoridades llamadas por ley sobre fallos que van en contra de lo que ellos consideran como ordenamiento jurídico. Hasta ahí, no existiría mayor problema, pues no existiría mayor consideración de orden legal, sin embargo y en el análisis más riguroso, existen otras variables que es importante describir sobre el interés político de construcción hegemónica, voluntad en la que el gobierno considera que está su perspectiva histórica. En ese contexto, se evidencia la intencionalidad política de ejercer influencia en el nombramiento de los nuevos actores del ejercicio y gestión judicial, antes que una voluntad por la necesaria reforma del sistema judicial en Bolivia.
Si corresponde, los Tribunos serán imputados por la Cámara de Diputados que actúa como Ministerio Público y sería la Cámara de Senadores la que realmente juzgue. Siendo la mayoría en la Cámara Alta perteneciente a la bancada opositora, se garantizaría a los Tribunos mínimas condiciones de imparcialidad, respecto de los que investigan. Es natural que el gobierno defienda lo que en norma considera justo, en este caso el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema en calidad de interinos. Valga la pena aclarar que este mecanismo no es invento del último gobierno, sino una acción de gobierno dirigida a cubrir acefalías, en tanto se generan las condiciones para desarrollar consensos para el nombramiento oficial. Esta situación ha ocurrido con anterioridad y ha formado parte de la denominada “Democracia Pactada” también.
Otro criterio oficial es el referido a que el propio Código de Procedimiento Penal obliga a todo funcionario y empleado público a denunciar la existencia de un hecho delictivo. Así, cuando el gobierno hace la denuncia para que se inicie el proceso, lo único que estaría haciendo es cumplir con su deber, tanto jurídico como político de resguardar la existencia de una justicia apegada a derecho. Por tanto, la acción del gobierno se enmarca en un procedimiento legal e institucional. No obstante, la connotación política incorpora otro tipo de análisis que debe hacerse en la perspectiva de voluntad hegemónica y negación (o descalificación) de la institucionalidad democrática anterior a la subida de Morales al poder.
Evo Morales (queriendo o sin querer) se enfrenta contra una institucionalidad que dista lejos de ser un ejemplo. La gestión de la justicia en Bolivia ha sido secularmente diseñada para administrar, favorecer y funcionar en base a los hechos de corrupción. Estructuralmente el Poder Judicial adolece de problemas institucionales que lo hacen vulnerable a ese argumento. No es un secreto para ningún ciudadano en Bolivia, que tener la desgracia de tener que ingresar a la dinámica jurídica de un juicio, significa disposición de recursos económicos para la gestión, el “impulso procesal” (Soborno sutil a funcionarios) de la gestión y el soborno directo y descarado (a funcionarios, fiscales y jueces), pues son mecanismos con los que se debe lidiar si se busca un fallo favorable o siquiera apegado a la ley. En Bolivia se puede pagar cuando uno se defiende de violar la ley, pero paradójicamente se paga también para hacerla respetar. En esa puja, por lo general, gana el que más recursos dispone o lo hace oportunamente. Así, Morales no ha retaceado ningún argumento para justificar su acción política, basado en ese sentimiento ciudadano.
Los miembros del Poder Judicial han rasgado sus vestiduras frente al ataque político institucional, pero es importante tomar en cuenta que su vulnerabilidad reside en su diseño estructural de gestión, permisivo y basado en las formas delictivas de la corrupción y el tráfico de influencias (políticas, por supuesto). Por tanto, defenderse ante ese argumento sin capacidad autocrítica es también un error muy grande, pues no permite recuperar credibilidad ante un escéptico espacio público, que silenciosamente admite su desprecio por las formas de aplicación de justicia. Siendo un proceso basado en la norma y el procedimiento, con mínimas condiciones de imparcialidad en el sujeto juzgador, los miembros afectados podrían proponer un debate inteligente que vaya más allá de falsas “honorabilidades” y “dignidades mancilladas”, sino que el tema debía proyectarse a las formas de recomposición de un sistema judicial putrefacto y que lastimosamente ha sido penetrado por la acción partidaria desde el principio de la democracia.
En el otro frente, Morales tampoco propone una revolución, reforma o siquiera una reestructuración del Poder Judicial. A lo máximo que ha llegado es a denunciar los hechos (de frente o con mucha torpeza, según se quiera ver), pero con el respeto de la norma y bajo procedimiento. Pese al juego mediático simplista de achacarle el pecado del autoritarismo que no propone una seria reflexión sobre el pasado, presente y futuro del Poder Judicial, Morales ha sabido proyectar la discusión en el sentimiento ciudadano que muchas veces a anhelado “juzgar al juez”. Lastimosamente los síntomas de la acción oficial tampoco brinda mayor horizonte y señalan una simple búsqueda de sustitución de sujetos en las instancias de ese poder del Estado, lejos de una transformación necesaria. El tema seguramente se mantendrá en agenda.
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