El Defensor del Pueblo ha registrado en 2010 un total 51 quejas de ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo de larga duración y no pueden afrontar ya pago alguno, lo que representa un aumento del 1.125 por ciento respecto a las cinco quejas que se contabilizaron en 2009, según ha hecho saber en rueda de prensa el titular de esta institución, José Pablo Ruiz Abellán.
La gran mayoría de estas quejas se han presentado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y son personas que se enfrentan a órdenes de embargo sobre sus viviendas. Las quejas restantes son más heterogéneas, encontrando ciudadanos que no pueden satisfacer deudas con la administración pública y piden una moratoria o el fraccionamiento de los pagos, o ciudadanos que no disponen de ningún tipo de ingreso tras agotar la prestación por desempleo y el posterior subsidio y piden ayuda y orientación.
El Defensor del Pueblo ha dicho no poseer competencias para solucionar este problema, pero está tratando de intermediar con la entidad financiera para tratar de flexibilizar las medidas y gestionar alguna ayuda como, por ejemplo, otorgar una especie de alquiler de forma temporal para que el afectado pueda solucionar su problema, siempre que la víctima del desahucio disponga de algún medio.
Ruiz Abellán, quien ha ofrecido la rueda de prensa en la nueva sede del Defensor del Pueblo, en la calle Alejandro Séiquer número 11, ha señalado que la institución que dirige recibió en 2010 un total de 828 quejas dirigidas contra las administraciones, lo que supone un aumento del 32 por ciento respecto a las quejas del mismo periodo del 2009, lo que está "directamente relacionado con el impacto de la crisis".
La Administración autonómica representa el 38 por ciento del total de las quejas, la Administración Local el 42% y otros organismos el 18 por ciento, como universidades y colegios profesionales. Por municipios, un total de 95 quejas han llegado del término de Murcia seguido de las 22 de Cartagena y en tercer lugar, Mazarrón, con un total de 17 quejas.
En concreto, las quejas más numerosas fueron las correspondientes a prestaciones sociales, al empleo y trabajo, así como a temas de medio ambiente, las relacionadas con la sanidad y con familia y menor, según Ruiz Abellán.
En su intervención, ha destacado el alto grado de aceptación de sus Resoluciones por parte de las administraciones sometidas a su supervisión, de más del 86 por ciento, mientras que el porcentaje restante está pendiente de respuesta o no han sido aceptadas de forma justificada tal y como determina la ley del Defensor del Pueblo.
En total, el Defensor del Pueblo ha hecho 137 recomendaciones, sugerencias, advertencias o recordatorio de deber legal a las administraciones para corregir la situación que ha motivado la queja y que podía suponer un menoscabo de los derechos o libertades del ciudadano. Los expedientes que se han resuelto sin necesidad de emitir una resolución han sido 396, a causa de la mediación entre el Defensor del Pueblo y la administración afectada.
Ruiz Abellán ha dicho haber recibido varias quejas del Decreto Ley de Medidas Extraordinarias impulsado por el Gobierno central, así como unas cinco protestas contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas del Ejecutivo regional. No obstante, ha aclarado que es "difícil actuar" contra estas normas porque las administraciones "actúan siguiendo las leyes adoptadas en el Congreso o en la Asamblea Regional".
De todas formas, ha aclarado que se están estudiando las posibles medidas, y ha señalado que se podría actuar para pedir la modificación de algún artículo "si afecta gravemente a los ciudadanos".
POR ÁREAS DE TRABAJO
Por áreas de trabajo, el Defensor del Pueblo ha recibido 107 quejas en materia de Bienestar Social, duplicando las reclamaciones del 2009. La gran mayoría, según Ruiz Abellán, procedían de ciudadanos que intentan tramitar para sus padres y familiares prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia, así como reclamaciones por retraso de pago de dichas prestaciones.
Además, se presentaron casos de ciudadanos que querían compatibilizar la asistencia a centros de día de sus padres o hijos con una ayuda económica y quejas relacionadas con la eliminación de ayudas sociales municipales de asistencia a domicilio, una vez otorgada la prestación por cuidados en el entorno familiar de la Ley de Dependencia. Todo ello porque "ha tardado mucho en salir el real decreto de compatibilidad del Gobierno regional y, tras su aprobación, las quejas van disminuyendo", indicó.
Otras reclamaciones, como consecuencia de la crisis, son la disminución de las pérdidas de las prestaciones por el paro de los 420 euros de parados de larga duración, y reclamaciones para más ayudas de tipo municipal, asistencial y autonómico, como casos de madres separadas que no trabajan y no pueden alimentar a sus hijos, así como padres en paro y familias enteras que se van al desahucio.
Por otra parte, Ruiz Abellán ha dicho que se ha registrado un aumento del 66 por ciento en quejas relacionadas con empleo público, con un incremento de personas opositoras al no existir una oferta de trabajo privado. Además, se han incrementado las quejas por la paralización o disminución de la oferta pública de empleo con motivo también de la crisis y los recortes presupuestarios.
Los asuntos relacionados con medio ambiente, incluyen quejas relacionadas con contaminación acústica, salud ambiental y contaminación atmosférica. Sólo las quejas asociadas a episodios de ruidos sufridos por los ciudadanos de la Región constituyen la mayor parte del total de las quejas dentro de la temática ambiental; nada menos que 81 de un total de 103, duplicando las de 2009.
Aunque Ruiz Abellán ha destacado que este epígrafe ha registrado una "importante disminución" en cuanto al número de quejas a partir de la Resolución que el Defensor del Pueblo envió a todos los municipios en la que pedía que prestarán especial atención a la contaminación acústica y que adecuaran su normativa a la Ley Nacional de Ruido.
TRABAJO DE OFICIO
Además de la actuación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia por la presentación de quejas suscritas individual o colectivamente, también se han iniciado varios procedimientos de oficio. Por ejemplo, ha citado la realización de un informe a nivel local y regional del efecto de la crisis, derivado del estudio realizado a nivel nacional.
Asimismo, el defensor del Pueblo está avanzando en la redacción de otro informe sobre la situación de las personas mayores como consecuencia de la aplicación de la Ley de la Dependencia, por el hecho de que quienes acuden son las que tienen un mayor grado de deterioro y convierten las residencias en una especie de centros hospitalarios, por lo que requieren de una mayor atención.
El Defensor del Pueblo está estudiando además las ordenanzas municipales sobre perros peligrosos, porque observa falta de control a nivel nacional. Por ello, van a hacer una resolución para evitar ataques de perros potencialmente peligrosos.
El Defensor del Pueblo también está coordinando las jornadas monográficas de los trece Defensores Autonómicos, que se reunirán en Cartagena en el próximo mes de junio. En estos encuentros, que se vienen celebrando cada año, se trabaja desde las distintas Defensorías temas de actualidad y de relevancia para los ciudadanos. Este año será objeto de estudio la situación de las personas mayores desde el punto de vista socio-económico, socio-sanitario y en su relación con la aplicación de la Ley de Dependencia.
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