Sin embargo, la ley que
Pajín pretende consensuar con los diferentes foros y organizaciones sectoriales para que hagan sus aportaciones, ha suscitado una fuerte controversia antes de su nacimiento. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dio un primer varapalo a finales de febrero, al cuestionar en un informe algunos aspectos que pretende incluir la ley y que podrían entrar en colisión con otros derechos fundamentales recogidos ya en la Constitución.
Por ejemplo, en el anteproyecto se incluyen dos nuevos motivos de discriminación, los de identidad sexual y enfermedad, que se suman a los recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española (CE) y a los incluidos en la normativa comunitaria.
Asimismo, establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, como el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o los medios de comunicación social, entre otros. Precisamente, uno de los aspectos que los expertos consideran más polémicos es el referido a la no discriminación en la educación, ya que el anteproyecto establece que los centros educativos que excluyan a algún colectivo que se considere un gesto ‘discriminatorio’ no contarán con financiación pública.
También consideran ambiguo y polémico el control que la ley puede ejercer sobre los medios de comunicación. El artículo 22.1 obliga a todos los medios a respetar "el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación”, algo que podría chocar con la libertad de información.
Las suspicacias del PP
El PP también ha puesto sus ‘peros’ a la ley ante la sospecha de que vaya a ser “intervencionista y de nuevas prohibiciones”. La secretaria general, María Dolores de
Cospedal ha criticado que “el Gobierno de los recortes sociales” salga ahora en plena campaña electoral con una nueva normativa “para garantizar la igualdad de trato” mientras el ministerio del Interior no ha querido condecorar a las mujeres policías que fueron víctimas de vejaciones en Melilla por parte de agentes marroquíes.
Pese a que el anteproyecto está ya redactado y publicado por el Ministerio de Igualdad, Cospedal aseguró desconocerlo. En concreto, señaló que “no sabemos las sanciones que se van a imponer” en los supuestos de discriminación pero consideró que en la ley “en lugar de presumirse la inocencia, se presume la culpabilidad”.
“La igualdad de trato hay que demostrarla todos los días”, insistió Cospedal, que recordó el informe del CPG que, como señalamos, dice que algunos de los artículos de la ley pueden solaparse con otros preceptos jurídicos ya establecidos. “Menos marketing y más política real de igualdad de trato”, concluyó la número dos del PP.
.png)
Si (
No(
