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El 'caso Lupicinio' tiene responsables

El 'caso Lupicinio' tiene responsables

Más de uno en el PP se llevó las manos a la cabeza cuando leyeron en los periódicos que se cerraba el ‘caso Lupicinio’ sin que nadie se responsabilizase de nada. Entienden que aquí no ha habido malos entendidos. Ha habido torpeza, desidia, poca profesionalidad, ninguna gana de solucionar el problema y un 'pasar' hasta que amaine el temporal. Les recordamos el caso. La obstinada denuncia de un particular contra el diputado-veterinario de Sahagún (León), Lupicinio Rodrigo, para conocer cuántas dietas políticas cobró en los últimos cuatro años sin descontarlas, como se suponía era preceptivo, de su sueldo de funcionario, desencadenó sin buscarlo una 'crisis' en el gobierno regional. La información destapó el miércoles de ceniza que durante 11 años la Administración regional había consentido sobresueldos en la práctica totalidad de los servicios de la Junta, a tenor de lo que marca el decreto 210/2000 y de las primeras declaraciones del delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, quien no dudó en asegurar que “hay un montón de casos” sólo en la provincia de León. Luego vendrían unas reacciones de la consejera de Agricultura que inició la investigación al diputado y veterinario leonés, las de la consejera de Administración Autonómica que aseguró que el “decreto se está aplicando como normal general…” Sin embargo, los delegados de Soria y Avila manifestaron que el decreto en esas provincias no se aplicaba. En Valladolid, la consejera de Administración Autonómica hacía declaraciones en un acto en las Cortes al que no acudían los periodistas que habían destapado la noticia (El Mundo y Diario de León). Por la tarde-noche, el portavoz de la Junta explicó a El Mundo de Castilla y León que una ley anuló en el 2000 el decreto de retribuciones a funcionario-políticos intentando cerrar la polémica. Ley que al parecer desconocían los demás miembros del Gobierno. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz oficializó la información y casi todos los medios de comunicación (para El Norte de Castilla el caso Lupicinio no ha existido) recogen que una norma superior anula el decreto y la petición de disculpas porque “se podían haber hecho mejor las cosas”. En María de Molina (sede del PP), también creen que se podía haber hecho mejor, por eso exigen responsabilidades. Para ellos esta crisis ha estado mal gestionada desde el principio. Se ha hablado mucho y mal. No se aclaró el embrollo normativo, ha habido dejación de responsabilidades, desconocimiento…No se pueden ir de rositas el delegado de León, que levantó la liebre; el secretario general de Agricultura, que inició el expediente; la directora de Función Pública y el director de los Servicios Jurídicos, que desconocían las normas; el secretario general de Administración Autonómica que no coordinó a los delegados; el director de Comunicación que debería haber dosificado la información y los informantes… Cuentan que algunos consejeros andan “dolidos” por cómo se solucionó (?) el problema.
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