NO AL PLURIEMPLEO POLÍTICO

Ahora en que la maquinaria de los partidos está preparándose para la próxima contienda electoral, parece oportuno hacer una reflexión pública sobre el pluriempleo político, que es bastante frecuente en nuestra clase política, de forma que los cargos políticos electos vienen a detentar varios cargos públicos a la vez.     La acaparación de cargos públicos no parece que sea ni razonable, ni presentable. No es razonable porque normalmente la acumulación de trabajo, suele ser negativo para aquel que lo acumula sobre sí, y también para el destinatario de su trabajo, pues normalmente no se le puede dedicar el tiempo que requiere y suelen generarse errores o deficiencias. Pero, al propio tiempo no es presentable desde el punto de vista ético y estético, pues quien no puede asumir un ritmo de trabajo superior a sus propias capacidades moralmente no debe responsabilizarse de ello, pero al propio tiempo da una negativa imagen de frivolidad por aparentar falta de responsabilidad.     Pero además, este tipo de situaciones genera también el consiguiente malestar entre los demás miembros de los partidos políticos que observan cómo hay compañeros suyos que aparecen en “todas las salsas”, mientras que la inmensa mayoría de los militantes no son requeridos para su participación política institucional, lo cual genera mal ambiente, desconfianza, críticas más o menos veladas, e incluso enfrentamientos entre facciones, que dificultan el entendimiento, el diálogo, la reflexión y por supuesto, la participación política que debe de caracterizar una de las esenciales funciones de los partidos políticos.     Un alcalde, o un concejal con responsabilidad de gobierno, no parece que sea un buen candidato para diputado regional, y mucho menos para diputado nacional o senador. Sus responsabilidades públicas, su liderazgo político en la corporación local requiere de su presencia, atención y dedicación plena, cuando no exclusiva. Entre tanto que cuando tratan de compatibilizarse estos cargos, se genera una apariencia de abandono, por mucho que se diga que se está en todo (aunque el don de la ubicuidad sólo pertenece a la deidad), o incluso por bien que se delegue alguna de esas funciones. En tal caso, el delegado debería de ser el cargo público original que habría de haber concurrido para tal puesto, en vez de “guardar el sillón” al jefe cuando está fuera.     Si a eso unimos que los diferentes cargos públicos suelen estar dotados de sus correspondientes emolumentos, el cariz pesetero, se une al perfil de figurón, y realmente transmite una mala imagen del político pluriempleado, que suele verse ratificado al conocerse que percibe un sumatorio retributivo estimable, y poco común a las cuantías de los salarios medios de sus representados, bien sea por vía de retribuciones, dietas u otro tipo de compensación.     Por último queda la consideración, que si en el partido no hay elecciones primarias para dichos cargos –abiertas y libres, sin trampa ni cartón-, sino que las listas las hacen los “notables” del lugar, y da la coincidencia que esa prodigalidad en la inserción en las diferentes listas electorales, con posibilidad de ser elegido, recae sobre unas determinadas personas, que además repiten en los sucesivos procesos electorales; hemos de concluir que la participación política que propician los partidos políticos en nuestro país es nominal y escasamente testimonial, pues apenas suele haber permeabilidad en la “casta política oficial” desde el resto de la ciudadanía, e incluso militante en la misma formación. Hay poca regeneración en la clase política, que suele aprovechar las ventajas del poder del partido para hacer de una supuesta vocación de servicio público, un empleo en toda regla; siendo así que esa situación no beneficia en nada a la ciudadanía a la que se dice representar, sino a la propia casta política.    En consecuencia, si queremos regenerar la vida política, como se dice por los mismos políticos ante casos de corrupción flagrantes, se habrá de empezar por facilitar el acceso de la ciudadanía a las instituciones políticas, dinamizando y democratizando de verdad la vida interna de los partidos políticos, y estos deben de ajustar sus medios al auténtico fin constitucional que tienen encomendado. Pero como la inercia del “statu quo” a diestra y siniestra, es grande; debe ser la reforma de la ley electoral –con inserción de listas abiertas, y posibilidad de elegir en el orden que se quiera dentro de una candidatura-, la que en definitiva sea el mecanismo que empiece a cambiar la actual tendencia de instalarse en las instituciones, mediante el dominio del poder del partido por la minoría de siempre, o de casi siempre. Y eso pasaría, naturalmente por desterrar la práctica abominable, por antidemocrática, del “pluriempleo político”.    ¡Dicho queda, y a tiempo están aún de remediarlo….!. Aunque no somos tan ingenuos de pensar que esta práctica va a desaparecer de forma espontánea, será la sociedad la que demande otro tipo de práctica, si no quiere seguir quejándose del actual estado de cosas.                         EL MIRAVETE