Escritos en libertad: Agravio con energía

La política del agravio debería de ser erradicada. Eso sí, por innecesaria ante comportamientos justos y solidarios. Una quimera, sin duda.   Con frecuencia a la provincia de León se la acusa, con ánimo descalificador, de practicar el victimismo, el lamento, y desde los poderes públicos se pretende corregir este rumbo con un llamamiento al rigor y a la solidaridad. Estrategia que salta por los aires cuando se percibe que nadie tiene la exclusiva del lloro -en todos los lugares se practica- y que muchos políticos utilizan la doble vara de medir con desparpajo y sin rubor. Paradigma de este comportamiento es el alcalde de Valladolid, León de la Riva, quien por sí mismo justifica al resto de los políticos españoles que utilizan también el agravio como semillero de votos. Entramos ya en campaña electoral y es natural que se multipliquen las denuncias de agravios. Por eso no merece la pena dedicarle mucho tiempo a escuchar este tipo de monsergas. Hasta que salta la alarma porque el agravio no lo es simplemente porque se han roto  puntos de equilibrio, sino porque, sencillamente, han sido quebrantados compromisos públicos. Es decir, se ha engañado al ciudadano. El cabeza de lista de la candidatura del PSOE a las Cortes autonómicas por León, Miguel  Ángel Cardo, ha denunciado que la Junta acaba de construir un edificio en el Parque Tecnológico de Boecillo para albergar la Sociedad de Investigación y Explotación (Siemcalsa). Según sus estatutos, esta sociedad tiene  como fin desarrollar la minería y fomentar la  investigación y explotación, estudios y actividades relacionadas con los recursos energéticos y participar en proyectos relacionados con los recursos hídricos. Quien adoptó la decisión debería de saber que varias provincias de Castilla y León se acomodan mejor al enunciado de estos objetivos que Valladolid. Pero es que además existe un compromiso formal por el cual se otorgaba a León cierta prevalencia autonómica en relación con la minería, en un intento quimérico por repartir la Administración geográficamente, y así quedó de manifiesto al radicar aquí la Dirección General de Minas, organismo un poco ficticio porque la mayor parte del personal cualificado vive y trabaja en Pucela. La empresa pública en cuestión fue creada en el año 1988 y desde entonces ha utilizado una sede provisional. Ahora, con el nuevo edificio, cuyo coste es de 1,4 millones de euros (casi 250 millones de pesetas) parece evidente que todo se ha consumado. Llama la atención que tropelías de esta envergadura no se hayan denunciado antes, en los 13 años transcurridos desde la creación de la sociedad. Y si se ha hecho, desde luego que con poco éxito y menor persistencia. Un tiempo excesivo que demuestra la inoperancia de quienes  han sido elegidos por León para que representen y defiendan a la provincia. Fernando Aller. Periodista.