Alierta y el Supremo son un escándalo

Hace solo unas semanas se enfadaba conmigo Jaime Ignacio del Burgo porque le calificaba como ultra en esta columna. Y la verdad es que sigo sin encontrar mejor calificativo ante la actitud, las opiniones y las pretensiones de aq  uel diputado que entrevistó en la cárcel al entonces  presunto terrorista del 11M,  Rafá Zouhier, a quien además quiso hacer comparecer, ni más ni menos, que  en el Congreso de los Diputados. Y fue la templanza y el sentido común de los demás grupos parlamentarios  la que impidió que se cometiera semejante desatino, impidiendo que tomara la palabra en la sede de la soberanía nacional quien fue finalmente condenado a 10 años de prisión por colaboración con banda armada. Justo el mismo delito que ha llevado a la cárcel a muchos proetarras contra los que, con toda justicia, hemos clamado el citado ex diputado y la inmensa mayoría de los ciudadanos de bien de este país. Pero es ciertamente humano que a veces la indignación o la vehemencia por defender unas ideas o intereses nos lleve a adoptar posiciones  ultras, que es como el diccionario de la Real Academia denomina a los “que extreman o radicalizan sus opiniones”. Y hoy, lo reconozco, siento la tentación de pedir el ingreso inmediato en los clubs de los  ultras, los radicales y hasta los talibanes. Me lleva a ello la indignación por las noticias que llegan de Telefónica y del Tribunal Supremo. Sin duda una opinión moderada y ponderada consideraría razonable la regla empresarial que justifica cualquier reducción de costes para lograr beneficios. También el mismo objetivo serviría para estimar como normales los estímulos o los directivos o el reparto de beneficios a los accionistas. La misma ortodoxia, pero en el plano judicial, llevaría a entender como simplemente llamativo que los procesos internos de los  tribunales hagan posible que se juzgue antes al juez Baltasar Garzón que a alguno de los muchos implicados en el caso Gürtell que inició precisamente el magistrado. Los procedimientos judiciales, se diría, tienen sus tiempos y caminos y no saben de preferencias o prioridades. Pero a mí los dos casos me parecen dos gravísimos escándalos que hay que denunciar. Y a los que hay que oponerse con determinación y todo el ruido posible. Pongamos en marcha las protestas en las redes sociales y organicemos la protesta ciudadana. Nunca como ahora estaría justificado  que Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo  convocaran  urgentemente movilizaciones para paralizar los planes antisociales de César Alierta, el presidente de la Telefónica que va a echar a la calle hasta a 6.000 trabajadores de una empresa que acaba de reconocer 10.000 millones de euros en  y que  piensa repartir 7.100 millones de euros en dividendos a sus accionistas y 450 millones en incentivos entre sus directivos. Precisamente él mismo será beneficiario de hasta 7 millones de euros de ese PIP –el Performance and Investment Plan- que se van a llevar los ¡1.900! grandes directivos de la casa. Los líderes deberían impedir que la empresa financie ahora, como en otras ocasiones, los seguros de paro privados más generosos de las empresas españolas. Hay que defender con uñas y dientes cada puesto de trabajo y más en aquellas empresas que ganan dinero. Los sindicatos deberían ir preparando la pancarta tras la que deberíamos manifestarnos los millones de parados y los millones de ciudadanos que no podemos soportar más el desprecio de estos “amos del universo” por las penurias que está pasando la gente. Esta insolidaria élite empresarial debería estar colocada en la picota de todos, trabajadores, autónomos y pequeños y medianos empresarios. Los consumidores deberíamos tomar nota y pensar en buscar servicios alternativos a los que nos ofrece esta antisocial empresa. No solo debería importarnos la calidad con la que nos atienden, también tenemos derechos a saber  a dónde van y en que se emplean los beneficios que generamos. Y si importa y mucho saber si sirven para enriquecer aún más a 1.900 superejecutivos o si se utilizan en mantener o crear empleos. José Luis Rodríguez Zapatero debería llamar urgentemente a los muchos y refinadísimos masters y  mbas que le aconsejan en economía. ¿No quedamos en que había invitado a Moncloa a esas empresas que juntas representan el trozo más grande de la tarta del PIB nacional porque ellos iban a tirar de las pequeñas y medianas empresas para recuperar la economía nacional? ¿No decían Zapatero y sus devaluados portavoces que los 44 grandes se habían comprometido con el empleo nacional? ¡Vaya pájara han pillado! La otra intolerable patada al sentido común la ha dado el Tribunal Supremo. Si la casualidad no lo remedia será Baltasar Garzón el primero en sentarse en el banquillo de los acusados por la trama Gürtell, mientras las decenas de presuntos delincuentes que se han enriquecido con dinero público en este caso seguirán gozando de las dilaciones que les proporcionan sus carísimos abogados y de la libertad provisional que han comprado pagando fianzas escandalosamente multimillonarias. Los odios internos en la magistratura y las intrigas bien orquestadas por el popular Federico Trillo han logrado acabar con la carrera del juez Garzón mucho antes de que ninguno de los altos cargos populares y los golfos que con ellos urdieron la trama se enfrente a un tribunal. Todo parece preparado para que Garzón sea declarado delincuente antes que Francisco Correa o “el bigotes”. Las venganzas y las maniobras políticas son prioritarias en la judicatura. Esta justicia como algunos empresarios dan miedo y hasta vergüenza.