Crisis económica y elecciones

En los últimos días, más acusadamente en las últimas horas, el convencimiento de que ya es inminente un cambio de signo electoral se ha instalado en los niveles dirigentes del PP, hasta el punto de que hoy, en Nueva Economía Forum, Mariano Rajoy no sólo daba por seguro el triunfo electoral del candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández, sino que anunciaba ya políticas y decisiones para cuando, tras las elecciones generales, se instale, como aseguran los augures demoscópicos, en el palacio de La Moncloa. Si lo primero es todavía inseguro, a juzgar por los datos de los sondeos más recientes en Catalunya, lo segundo gana probabilidad día a día, de forma paralela al ya inocultable desmoronamiento electoral del PSOE en todas las encuestas. Son muchas las causas que han conducido a ese llamativo desmoronamiento, pero sin duda la más importante es la ya certificada incapacidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero para hacer los deberes que le exige la Unión Europea en la lucha contra la terrible crisis económica que, como el resto de Europa, padecemos. En Alemania ya se dice sin rodeos que esa incapacidad sorprendente del Gobierno de Rodríguez Zapatero para gestionar las iniciativas contra la crisis económica, ha pasado de ser un problema de España a convertirse, por la dimensión objetiva de nuestro país, en un problema de Europa. En estas circunstancias, la convocatoria de elecciones generales anticipadas es cada día más un imperativo de sentido común, responsabilidad política y servicio a los intereses generales del país. Cierto que es comprensible que Rodríguez Zapatero se resista a esa convocatoria cuando es posible, incluso probable, que las urnas le expulsarían del palacio de La Moncloa, pero es mucho menos comprensible que el partido mayoritario de la oposición, esto es, el PP, no consiga movilizar al resto de las fuerzas políticas para forzar ese adelantamiento. Es inevitable pensar que algo no funciona correctamente en la estrategia del PP en lo que hace al diálogo con los restantes partidos nacionales y autonómicos. En la calle, la hostilidad hacia un Gobierno manifiestamente incompetente es ya un clamor, pero es un hecho que el PP, por las razones que sean, no consigue trasladar ese clamor al ámbito propio de las decisiones políticas que debieran conducir a elecciones generales anticipadas. Esta situación de parálisis de las grandes y necesarias decisiones políticas nacionales acentúa, como es natural, la importancia, casi la trascendencia, de las próximas elecciones autonómicas y municipales, cuyos datos de resultados serán inevitablemente leídos en clave nacional. Mientras tanto, carente de una política económica digna de tal nombre, se acentúa la deriva de la economía española, cada vez más cercana a posiciones tan graves que podrían hacer necesarias decisiones al respecto desde el ámbito de la Unión Europea, lo que se reconoce por todos y ni siquiera se niega por muy altos dirigentes del PSOE, mientras el Gobierno se limita a ignorar la realidad, mantenerse en una parálisis que, por lo visto, piensa que le beneficia, y dar tiempo al tiempo, como si la solución nos fuera a llegar del cielo. Nada hay, pues, que tenga que ver con el sentido de la responsabilidad que el país tendría derecho a esperar de quienes tienen, por mandato legítimo de las urnas, los resortes de las importantes decisiones necesarias y urgentes. Ante una crisis económica de la intensidad y gravedad de la que atravesamos, la política de ganar tiempo es sencillamente irresponsable y suicida, y la negativa al diálogo, explícito y sincero, con las restantes fuerzas políticas es una ruptura incalificable con los grandes valores de la transición. Al punto al que están llegando las cosas, el país tendrá que ser muy duro al valorar y juzgar esta etapa de desmoronamiento de España que tiene un responsable claro e inequívoco en el actual Gobierno y por tanto en quien lo preside, esto es, Rodríguez Zapatero. Pero tampoco puede ocultarse la responsabilidad de las restantes fuerzas políticas del arco parlamentario, incapaces, a lo que se ve, de posponer sus pequeñas diferencias en beneficio del interés común, esto es, del interés general de los españoles, que no puede ser otro, en estos momentos de tribulación, que el diseño y ejecución de una política económica seria y consensuada, capaz de afrontar y vencer los grandes vectores de la crisis y devolver el país a una senda de recuperación económica. Se trataría ahora, como en los momentos más difíciles de la transición, de hacer posible no ya sólo lo que es deseable, sino lo que es necesario. Ni España ni los españoles nos merecemos este desmoronamiento, cuya responsabilidad alcanza tanto al Gobierno manifiestamente incapaz de algo parecido a una gestión en serio de la economía, como a las fuerzas de la oposición parlamentaria, incapaces de forzar al Gobierno a tomar las decisiones que son necesarias. Y mientras tanto, día a día se agravan las turbulencias en los más diversos sectores del tejido empresarial español. Y esas turbulencias no son únicamente un problema para los empresarios, cada vez en mayor número cercanos al pánico, sino también para los trabajadores, a los que la culpable inacción del Gobierno conduce a un inquietante horizonte de pérdida de puestos de trabajo. En las elecciones –primero en las ya próximas municipales y autonómicas, luego en las generales– sucederá lo que tenga que suceder y se manifestará la voluntad de los ciudadanos, pero ni España ni los españoles –¿Qué otra cosa puede ser Espana que el conjunto de los españoles?– nos merecemos esta agonía de inactividad de un Gobierno que, en pleno pozo de la crisis, no afronta sus propias responsabilidades en materia de política económica  y es sorprendentemente incapaz de convocar a las demás fuerzas políticas y promover un amplio consenso transversal en torno a una razonable política económica contra la crisis. ¿Qué fuerza política, por muy antagónica que sea del actual Gobierno, se negaría a acudir a una convocatoria pública para concertar una estrategia nacional contra la crisis? Por tanto, la responsabilidad del actual desmoronamiento económico de España es ya muy personal del actual inquilino de La Moncloa. Y lo más sorprendente es la falta de reacción de los muchos valiosos dirigentes de un gran partido, como es el PSOE, al que tanta parte debe el éxito de la transición, y que ahora parecen asumir pasivamente las decisiones –o la falta de decisiones, que tanto da– del inverosímil personaje que permanece encadenado al sillón de La Moncloa, sordo al clamor ciudadano que reclama al Gobierno que haga su trabajo, esto es, que gobierne, no en anecdóticos terrenos de propaganda e ingeniería social, sino en lo que a todos afecta e importa, que es naturalmente el diseño, consenso y aplicación de un serio plan económica de lucha contra la crisis. Primero en las ya cercanas elecciones municipales y autonómicas, enseguida en las necesarias elecciones generales, sucederá lo que tenga que suceder, pero España se merece un Gobierno que no mienta a los ciudadanos y sobre todo, que haga su trabajo, es decir, lo contrario de lo que ahora padecemos España y los españoles. Responsabilidad, por cierto, que inocultablemente alcanza al partido mayoritario de la oposición, que, en esta hora de emergencia nacional, debiera ser capaz de promover, negociar y acordar, con el más amplio espectro político, una moción parlamentaria de censura que pusiera fin, mejor mañana que pasado mañana, a esta pesadilla de desgobierno que ha colocado a importantes áreas clave de la economía española literalmente al borde del precipicio. Las elecciones son la esencia misma de la democracia. Cuando un Gobierno es manifiestamente incompetente, como el que ahora padecemos, la única salida democrática es la convocatoria anticipada de elecciones generales, para que los ciudadanos expresen su voluntad. Cualquier cosa, menos prolongar esta terrible agonía que no nos merecemos.