La Ley de Dependencia, a paso lento en Madrid

El Gobierno central y las comunidades autónomas dedicarán este año hasta 821 millones de euros para aplicar la Ley de Dependencia, una cifra que se duplicará el próximo año y se triplicará al siguiente. Aunque entró en funcionamiento a principios de este 2007, no fue hasta abril cuando los demandantes pudieron empezar en algunas regiones a solicitar las ayudas . Sin embargo, hasta el 20 de ese mes el Gobierno no publicó el decreto por el que se aprobaba el baremo de valoración de la situación de dependencia. De momento, en 2007, sólo se beneficiarán los grandes dependientes (grado III), de los que se calcula que hay unos 194.000 en toda España, un 17 por ciento de los 1.125.000 personas dependientes. De ellos, según las estadísticas oficiales, unos 140.000 viven en Madrid.

"En la región aún no se puede hacer un balance del número de demandantes porque muchos ayuntamientos han recogido solicitudes y otros no”, aseguran en la consejería de Familia y Asuntos Sociales, y eso que se calcula que hay 24.000 personas potenciales que se beneficiarán este año de la Ley. Sin embargo, todavía se desconocen los plazos para realizar la baremación y para que lleguen los recursos a las familias porque “todo se va demorando por meses y se está implantando gradualmente”.

Por ejemplo, la Comunidad denuncia que “la aplicación informática para la baremación llegó hace sólo una semana” aunque el Ejecutivo central replica que "todas las comunidades están integradas desde hace tiempo en el sistema". Fuentes del Ministerio afirman, además, que "Madrid es la única región que no ha dado de alta a ningún funcionario en la Agenda de Protección de Datos", requisito fundamental para entrar a la aplicación, "y no ha enviado a ninguna persona a los cursos de formación".

Aunque la presidenta regional, Esperanza Aguirre, indicó durante su debate de investidura su intención de consensuar con el resto de partidos el desarrollo de la Ley de Dependencia en Madrid y la consejería  asegura que la norma tiene “un propósito loable”, se indica que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos “están desconcertados por la falta de información que llega antes por la prensa que por el Ministerio”. “Nos han pillado por sorpresa, no han tenido en cuenta el engranaje de cada región y han generado 17 sistemas distintos para aplicar la Ley”, aseguran en la consejería en relación a que cada Comunidad autónoma está implantando la norma de forma diferente. Desde el Ejecutivo central se califica de “falsas” estas acusaciones porque “toda la información y reglamentación esta publicada en el Boletín Oficial del Estado”.

La Ley avanza en otras regiones
El resultado de esta falta de sintonía es que mientras en Madrid la Ley marcha a paso lento,  en otras regiones avanza más rápidamente. Por ejemplo, en Cataluña ya se han recibido hasta 14.644 solicitudes, según los últimos datos aportados a Madridiario por el Departamento de Acción Social de la Generalitat que ya ha iniciado la pasada semana las primeras evaluaciones por lo que prevé que las ayudas lleguen a partir de septiembre. Según fuentes del Gobierno catalán, entre 30.000 y 35.000 grandes dependientes se beneficiarán este año por la Ley.

También en la Comunidad valenciana se han iniciado las valoraciones. Según datos de finales de mayo, había baremadas 8.378 personas dependientes y la tercera parte de ellas eran consideradas de Grado III. Desde la Conselleria de Bienestar Social no se han actualizado los datos desde entonces aunque se espera ofrecer un nuevo balance en las próximas semanas. Los plazos para entregar las ayudas tampoco han sido fijados. Lo mismo ocurre en Andalucía. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social tampoco ha querido detallar el número de demandantes, información que “se ofrecerá próximamente”, aunque se calcula que en la región hay cerca de 40.000 grandes dependientes.

La Ley de Dependencia establece el derecho de que las personas mayores o discapacitadas que no puedan valerse por sí mismas tengan una asistencia  pública garantizándole el acceso a los servicios sociales y a las prestaciones económicas que necesiten. La teleasistencia, plazas en centros de día o servicios de ayudas a domicilio, están incluidas en la norma. Además, el beneficiario podrá optar por ser atendido en su entorno familiar y su cuidador recibirá una compensación económica por ello tras darse de alta en la Seguridad Social. Para acceder a estos recursos, los ciudadanos deben solicitar una evaluación de su grado de dependencia en sus ayuntamientos o en los servicios sociales de su comunidad autónoma, que procederá posteriormente a valorarle su grado de dependencia según el baremo aprobado en el mes de abril.