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Para cruzar datos

La jueza Alaya pide "auxilio" al Ministerio de Economía en la investigación de ERE irregulares

martes 17 de mayo de 2011, 14:09h

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las prejubilaciones fraudulentas detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha solicitado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía, "auxilio jurisdiccional" en la investigación de las pólizas que fueron abonadas en algunos de los ERE irregulares.

En un auto dictado el día 7 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya recuerda que, en el atestado policial que dio lugar a la formación de la presente causa, se aportaban "importantes" datos de la presunta existencia de una "trama" que tendría por objeto la autorización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectivas, "cuya prima era sufragada en su mayor parte por la Junta, y ello en multitud de empresas a lo largo de la región andaluza". "En tales ERE la ilicitud vendría determinada por el hecho de que a través de dichos ERE resultaban beneficiarios de las pólizas personas que nunca habían trabajado en dichas empresas, y todo ello con la presunta intervención o conocimiento de los diferentes empresarios, de la Junta, de los intermediarios en las diferentes pólizas y, en su caso, de las compañías aseguradoras", prosigue la juez, que añade que de lo actuado "parece desprenderse que la mayor parte de estos falsos trabajadores se incluían directamente en la tramitación de las pólizas de seguros, no apareciendo sus nombres en la relación de personas afectadas por los ERE".

Por todo ello, "y siendo ingente la documentación a examinar, así como evidente la complejidad de la misma", pues "es necesario cruzar los datos entre la documentación relativa a los ERE y la referida a las pólizas suscritas", la juez instructora solicita a la Dirección General de Seguros "auxilio jurisdiccional" a fin de que, por los expertos que se determinen por este organismo, "se colabore" con el Juzgado y la Policía Judicial en el examen de la documentación relativa a las pólizas y, "particularmente, que se informe sobre las condiciones técnicas o económicas de las mismas a fin de determinar la correlación del riesgo con la prima abonada en cada caso".

LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BENEFICIARIA DE ALGUNA PÓLIZA

Asimismo, solicita lo anterior al objeto de que se informe "sobre las condiciones jurídicas de las mencionadas pólizas y su validez, con especial examen de los tomadores, asegurados y beneficiarios de las pólizas", ya que entre las mismas "hay pólizas en las que los tomadores son o bien la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, o sindicatos como la Federación de Industria o Minero-Metalúrgica de CCOO-A, o inclusive la entidad mediadora de los seguros --Vitalida Vida S.A.--, siendo el beneficiario en alguna de las pólizas la Tesorería General de la Seguridad Social".

Igualmente, la juez dice que "resulta destacable cómo hay pólizas en las que aparecen como asegurados determinadas personas físicas en las que el tomador es la Dirección General de Trabajo, pactándose que en caso de supervivencia de tales asegurados los beneficiarios serán empresas tales como Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y Cespa S.A., y que en caso de fallecimiento de los asegurados los beneficiarios serán sus herederos legales".

Además, y según ha publicado en su edición de este martes el rotativo 'ABC', la juez establece que "cuando la instrucción se complete y se determine el número de personas que, indebidamente, han recibido prestaciones a cargo de dichas pólizas de rentas colectivas financiadas por la Junta, se deberán efectuar para determinar el perjuicio económico causado con cargo a los fondos públicos los cálculos necesarios para concretar la proporción de la prima correspondiente a cada póliza indebidamente abonada por orden de la Dirección General de Trabajo". Todo ello, establece la juez, "según el número de los falsos trabajadores incluidos en cada una de ellas y las prestaciones recibidas por estos, a lo que habrá que añadir el importe de las primas destinadas exclusivamente para pólizas a favor de personas determinadas sin vinculación con ninguna empresa, y en su caso el coste adicional que le haya podido suponer a la Junta las primas abonadas en caso que las mismas se hayan inflado artificialmente".

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