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Mercedes Alaya

La jueza que instruyó el grueso de varias macrocausas relacionadas con la corrupción política en Andalucía, Mercedes Alaya, ha denunciado que fue apartada del juzgado a raíz de un supuesto oscuro pacto entre el PSOE y el PP en la región. Según sus revelaciones, la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, habría presionado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por discrepancias con la investigación. El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha negado "rotundamente" la existencia de un acuerdo político con el PP para que la jueza no siguiera investigando los cursos de formación, al tiempo que se ha mostrado sorprendido por sus declaraciones.

Se prevén varias detenciones más

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes, entre otros, al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya. El goteo de detenciones ha sumado ya un total de 15.

Un total de 22 de los detenidos en la 'operación enredadera' han sido ya liberados, sólo un día después de que se ejecutara esta tercera fase de la operación madeja contra la corrupción. La mayoría de imputados han quedado en libertad con cargos y tendrán que prestar declaración en relación a las presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.   

> La juez Alaya considera que hay indicios de que ha cometido los delitos de malversación y prevaricación

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la española Magdalena Álvarez, anunció hoy su renuncia al cargo, según la 'Cadena Ser'.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que destaca "la participación lucrativa" de los sindicatos en el "gran negocio" de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía, "sin más contraprestación que el cumplimiento de sus obligaciones o cometidos sindicales".

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha rechazado tomar declaración al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, aunque acuerda que la Guardia Civil investigue la solvencia de las ayudas en las que intervinieron.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla para que ordene a la juez Mercedes Alaya la división en más de 200 piezas separadas del caso de los ERE irregulares, ya que de no ser así, la instrucción podría prolongarse 'sine die' y podrían prescribir algunos de los hechos investigados.

La juez Mercedes Alaya sostiene que Fitonovo habría pagado comisiones tanto al PSOE como a IU a cambio de la adjudicación de contratos públicos en Sevilla, concretando que esta empresa abonó durante cuatro años al PSOE cantidades que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros, mientras que IU habría recibido 155.000 euros en "dádivas" entre los años 2010 y 2011.

La jueza Mercedes Alaya ha imputado al ex consejero de de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández dentro del caso relacionado con presuntas irregularidades en las subvenciones para cursos de formación. El político se convierte en el primer imputado en esta investigación tras haber sido también señalado en el caso de los ERE. 

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha informado este martes de que la Cámara Alta va a devolver a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, la documentación remitida ayer relativa al senador socialista y expresidente de la Junta José Antonio Griñán. Asimismo, ha confirmado que informará al Tribunal Supremo sobre el proceder de la juez, al entender que no ha optado por el "camino correcto".

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda que la juez Mercedes Alaya deje de investigar las irregularidades descubiertas en la contabilidad de UGT-A, con el presunto desvío de subvenciones públicas para gastos ajenos al objeto de dichas ayudas y el falseamiento de facturas para justificar el gasto de tales subvenciones, ya que entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

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