El Ayuntamiento de Alicante ha sufrido un terremoto político y social tras conocerse que varios altos cargos del consistorio han sido adjudicatarios de viviendas de protección oficial.
El escándalo y la indignación ha sido de tal calibre que ya se han producido 2 dimisiones por el asunto, aunque de momento las viviendas siguen adjudicadas.
El origen de la polémica
Ha salido a la luz que la concejala de Urbanismo del municipio, Rocío Gomez, y 2 hijos de la directora general de Organización Interna y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, han obtenido viviendas de protección oficial.
Además, el arquitecto municipal de Urbanismo, Francisco Nieto, también se ha hecho con otra de estas viviendas.
En total, 4 viviendas de protección oficial de un total de 140 inmuebles de una promoción han ido a parar a manos de altos cargos del consistorio. Al conocerse, se ha provocado una oleada de indignación social y muchos han hablado de fraude en la concesión.
Investigación en marcha
Esta promoción de viviendas de protección es la primera del municipio en años, por lo que el asunto ha provocado enfado en ciudadanos y políticos.
Ya se ha abierto una investigación para analizar de forma exhaustiva cómo se ha desarrollado la concesión y llevar a los tribunales el caso si se confirma que el proceso fue irregular.
Así lo ha aseverado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien ha asegurado que "llegará hasta el final" para conocer todos los hechos.
"Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente".
2 dimisiones
Tras el estallido del escándalo, la edil de Urbanismo ha dimitido de su cargo, aunque ha insistido en que ella se apuntó a la promoción de viviendas antes de entrar en política.
Rocío Gómez (PP), se encuentra de baja por maternidad, pero ha asegurado que hará oficial su dimisión en los próximos días para "apartarse" y que la investigación siga su curso sin interferencias.
María Pérez-Hickman, la funcionaria de Urbanismo del consistorio cuyos hijos han conseguido 2 inmuebles, también dimitido del cargo que ostenta actualmente, aunque al ser funcionaria de carrera va a regresar a su puesto en el consistorio al frente del área de Contratación.
La oposición ha calificado lo ocurrido como un "pelotazo urbanístico" y ha criticado el posible fraude en la concesión en un momento de gran crisis habitacional, por lo que ha pedido al alcalde más contundencia y responsabilidades.
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