Muerte en "El Rodeo"

El hacinamiento, el ocio y la violencia pueden ser erradicadas o, al menos, controlados Los muertos y heridos de El Rodeo hablan por sí mismos. No hay razón valedera para explicar lo ocurrido. Apelar a la deuda social que se arrastra desde hace muchos años, nada le dice a las madres y esposas de los ajusticiados en la cárcel. Es verdad que el problema es de vieja data, pero nada justifica que en estos años la tragedia carcelaria haya alcanzado las dimensiones que tiene y exhiba el rostro de la muerte, de la violencia, del ocio, del tráfico de drogas, de armas y de la violación más escandalosa de los derechos humanos. En la prisión gobiernan las bandas; todo se compra y se vende; desde allí se ordenan secuestros y acciones delictivas; el Gobierno luce impotente ante el caos y bien puede decirse que la prisión goza de un fuero de extraterritorialidad en el que se impone la venganza privada y la pena de muerte. Ante la terrible realidad de la prisión, el Estado ha sido sobrepasado y apenas puede exhibir escuálidos logros humanitarios que se reflejan en iniciativas del movimiento de orquestas, junto a la tarea de los evangélicos y católicos voluntarios que han hecho de la cárcel su apostolado. Se puede cambiar En Venezuela no se puede hablar de respeto a los derechos humanos mientras exista la presente realidad penitenciaria. Pero no es verdad que ese horrendo mundo no pueda ser cambiado. El hacinamiento, el ocio y la violencia exacerbada pueden ser erradicadas o, al menos, controlados. Ciertamente, lo que no puede admitirse es que la única solución a la que se apela sea la de la liberación indiscriminada de los presos -muchos de los cuales merecen su libertad- para que de inmediato la situación se presente con las mismas características y se confirme la tesis de la impunidad absoluta. Sencillamente, no hay derecho a que en esta Venezuela de ingentes recursos petroleros, no se mitigue el caos penitenciario con la solución contenida en el art. 272 de la Constitución que postula la rehabilitación de los reclusos, la descentralización de las cárceles, la profesionalización del personal penitenciario y la progresiva sustitución de las penas privativas de libertad por fórmulas alternas a la prisión. No es suficiente construir nuevos establecimientos si de inmediato el retardo procesal los copa con procesados; ni sirven comisiones de expertos, si el personal responde a intereses clientelares; y nada se avanza en el cometido de humanización si los presos no tienen las condiciones mínimas para subsistir dignamente. Cambiar la realidad de nuestras prisiones, testimonio vivo del más absoluto desprecio por los derechos humanos, debe ser tarea prioritaria para el Estado, garante de la vida de los presos, según el artículo 43 de la Constitución. La solución no es un nuevo ministerio, ni el nombramiento de una comisión. Solo se exige la expresión de la voluntad del Estado, ajena a los intereses de un grupo político, que se proponga ponerle fin al horror de nuestras prisiones o, al menos, comenzar a cambiarle el rostro al infierno carcelario venezolano. [email protected]