Los sindicatos piden una ley que garantice la convivencia en las aulas

Más de 72.000 firmas avalan la iniciativa legislativa popular (ILP) que han presentado los sindicatos mayoritarios junto a la FAPA Giner de los Ríos en la Asamblea de Madrid. Los dirigentes de estas organizaciones se han reunido hoy con la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, para presentar un texto que entra en el Parlamento regional con la vocación de conseguir el "éxito escolar" en las aulas de la Comunidad de Madrid. Así lo explica José Luis Pazos, presidente de la FAPA, que destaca la necesidad de plasmar en una ley un paquete de medidas para que Madrid "no se quede atrás a la hora de lograr esa convivencia adecuada" en los centros educativos.

Para  Francisco García, secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid, "si solo se regulan los derechos y deberes de los alumnos, las faltas y las sanciones, no se van a resolver los problemas de convivencia". En este sentido, el texto pretende servir de base para una ley integral que aborde actuaciones con el profesorado, la sociedad, los alumnos e incluso los barrios donde se encuentran ubicados los centros. La iniciativa prevé la regulación de las ratios de alumnos por aula y su adecuación a las necesidades particulares de cada centro, más personal especializado en los centros (incluyendo orientadores laborales) y la creación de un observatorio que diagnostique la situación en los centros madrileños y que realice un seguimiento de la aplicación de la futura ley.

Un enfoque integral
Javier López, secretario general de CCOO de Madrid, destacó que esta iniciativa "no va contra nadie", en alusión al decreto que promovió el anterior Gobierno regional, aunque señaló que este fue elaborado "de forma apresurada cuando nosotros anunciamos la intención de presentar esta iniciativa en el Parlamento". "El Gobierno regional ha ido poniendo parches en el asunto de la convivencia escolar. Esto no se arregla prohibiendo los móviles", añadió José Vicente Mata, secretario de Enseñanza de UGT en la región.

"Esperamos que el texto vea la luz apoyado en un amplio consenso político, porque parece que el consenso social ya lo ha logrado", sostiene Francisco García. Las tres organizaciones se reunirán con todos los grupos parlamentarios para pedirles que hagan sus aportaciones a la iniciativa. "Queremos un acuerdo unánime de esta Cámara como el mejor aval para esta futura ley", añadió López.