SIP fustiga "acoso judicial" a periodistas en Venezuela

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes "el acoso judicial y físico" contra periodistas en América Latina, "en especial" en Venezuela, Argentina y Nicaragua. El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, dijo que observa con preocupación "el acoso judicial" al que son sometidos los periodistas venezolanos periódicamente y que estará alerta sobre el caso de cuatro reporteros del semanario 6to Poder de Caracas. "La persecución judicial, infundir temor y lograr autocensura son marca registrada del Gobierno venezolano por lo que creo que estamos frente a otro caso típico de atropello a los medios", agregó Marroquín, presidente del diario guatemalteco Siglo 21. Un tribunal venezolano citó a los periodistas Federico Olioso, Gerardo Laya, Jesús Linares y José Gregorio Martínez en un caso sobre "instigación al odio" contra 6to Poder, indicó la SIP. "El medio fue sacado de circulación en forma temporal por publicar una tapa con sarcasmo sobre funcionarias públicas de alta jerarquía", y su director, Leocenis García, permanece detenido, detalló esa organización en un comunicado. Por su parte, el copresidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP, Claudio Paolillo, condenó la petición de un juez argentino de que seis diarios le informen sobre los periodistas que escriben noticias e investigaciones sobre índices de inflación. Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, consideró que la medida judicial "es tan inusual como impropia, ya que se irrespeta la tarea periodística y el derecho a la privacidad de las fuentes y trata de imponer al periodismo una tarea de auxiliar de la justicia que no tiene". "La inusual solicitud judicial involucra a los diarios La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, BAE y Página 12 y está relacionada a causas judiciales que mantiene el Gobierno contra economistas independientes", señaló la SIP. Agregó que revela una "vieja polémica en Argentina sobre la medición oficial de la inflación a través del órgano oficial INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), que difiere sustancialmente de la que realizan empresas privadas y el Congreso de la nación". Marroquín y Paolillo también manifestaron preocupación por la seguridad de la periodista nicaragüense Silvia González, corresponsal de El Nuevo Diario en la norteña ciudad de Jinotega (Nicaragua). González no regresó a su país tras las amenazas de muerte que recibió y que fueron "prácticamente ignoradas" por las autoridades, de acuerdo con la SIP. La periodista dijo que las amenazas están vinculadas a sus denuncias periodísticas sobre "corrupción y abusos de autoridad que involucran a funcionarios del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional que operan en su zona". Los directivos de la SIP informaron que la organización seguirá este caso de "exilio forzado muy de cerca" y confían en que "el presidente Daniel Ortega dispondrá las medidas necesarias para que ninguno de los hijos y familiares de González, que todavía permanecen en Nicaragua, sufra represalias". Estos casos y otros serán analizados en la Asamblea General de la SIP que tendrá lugar del 14 al 18 de octubre en Lima.