Mediavilla: La inversión judicial es el principal escollo para el traspaso de competencias con el Estado

Aun con todo, señaló que las negociaciones de las transferencias "van por buen camino" y confió en poder firmar el traspaso antes de que termine la legislatura. Mediavilla respondía así a preguntas de los periodistas, tras participar en un acto en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), en el que entregó a los responsables de dicho organismo material de grabación digital y videoconferencia.

Según dijo, actualmente lo que "separa" al Ministerio de Justicia y a la comunidad autónoma en relación al traspaso es el capítulo de inversiones, pero se están "barajando alternativas complementarias". El Gobierno regional negocia con el Ministerio una entrega a cuenta, por una sola vez, para financiar determinadas infraestructuras judiciales, principalmente para acabar con la "dispersión" que existe en el partido judicial en Santander y para el nuevo edificio de los juzgados en Torrelavega y el Instituto de Medicina Legal. "Pero todo eso tiene que estar combinado con el coste efectivo del capítulo seis de transferencias y eso es lo que nos aleja al Ministerio y a la comunidad autónoma", agregó Mediavilla.

De todas maneras, se mostró optimista sobre la marcha de las negociaciones y recordó que se mantienen "conversaciones continuas" con el Ministerio de Justicia. Así, recordó que hace dos semanas hubo un encuentro y ahora se está a la espera de ser nuevamente convocados para ver cómo avanza el proceso. Para el consejero, la transferencia de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia es, "desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo", la "más relevante, la más esencial y trascendental" de cuantas competencias no ha asumido aún la región, puesto que "se trata de mejorar un servicio público esencial".

Respecto al coste efectivo, indicó una vez más que la última partida ofertada por el Ministerio, de 23 millones de euros, sigue resultando "insuficiente", y por ello se sigue trabajando para "elevar" ese coste "aportando argumentos fundamentados y motivados". En cualquier caso, resaltó que el Ministerio "siempre ha sido muy receptivo" con las propuestas realizadas desde la comunidad y ha elevado hasta 23 millones una oferta que, en origen, era de 15.