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Antes y después del mandato

Simancas obliga a sus alcaldes a publicar su patrimonio

Para frenar la corrupción urbanística

Los alcaldes y concejales socialistas de la Comunidad de Madrid deberán hacer públicos sus bienes e intereses antes y después de cada mandato, y no podrán participar en empresas vinculadas al urbanismo de su municipio, ni cuando dejen la política, según los compromisos que han adquirido con su partido, según ha anunciado el secretario general del PSM, Rafael Simancas. el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Antonio Beteta, se ha cuestionado irónicamente si los candidatos socialistas "incluirán en la declaración las cuentas en paraísos fiscales".
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Rafael Simancas, obligará a todos los alcaldes y cargos públicos de su formación a "hacer públicos sus bienes e intereses" antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán en mayo de 2007, y a que realicen auditorías urbanísticas al final de sus respectivos mandatos. Simancas presentó, tras reunirse con una representación de los regidores del PSOE en la Comunidad de Madrid, el 'Compromiso socialista por un urbanismo al servicio del interés general', que recoge "cinco medidas urgentes, un compromiso político y cuatro compromisos éticos" para luchar contra la corrupción urbanística. El líder de los socialistas madrileños explicó que la publicación de los bienes e intereses de todos los cargos públicos permitirá que "los ciudadanos sepan cómo se ha entrado y cómo se sale del Ayuntamiento". Asimismo, defendió la realización de auditorías urbanísticas para que los vecinos de cada municipio "sepan qué se ha hecho y por qué se ha hecho de manera transparente".

Como tercer "compromiso ético", los cargos públicos del PSM expresarán su disposición a "actuar con firmeza y rigor en todo lo referente al régimen de incompatibilidades", al objeto de "evitar la colusión de intereses públicos y privados en materia urbanística", explicó Simancas. En consonancia con este principio, los representantes socialistas "con responsabilidades en materia urbanística" se comprometen a "no participar --por ejemplo, a través de participaciones accionariales-- en empresas vinculadas al urbanismo o al sector inmobiliario que actúen o hayan actuado en el ámbito territorial por el que fueron elegidos". De igual modo, adoptarán el "compromiso político" de "no apoyar nuevos desarrollos urbanos sin que en éstos se garantice, por parte de sus promotores, tanto una oferta adecuada de vivienda protegida como la satisfacción de los servicios básicos".
                
Entre estos figuran "la accesibilidad y el transporte público, el abastecimiento y la depuración de agua, el tratamiento de residuos y el abastecimiento eléctrico y de comunicaciones, así como las necesarias dotaciones y espacios públicos de uso colectivo". A estas medidas Simancas sumó la adopción de "cinco medidas urgentes" en materia urbanística: la elaboración de un Plan Regional de Estrategia Territorial, la aprobación de una nueva legislación urbanística que adapte la Ley del Suelo nacional, la valoración del sistema de expropiación como "el mejor instrumento para salvaguardar los intereses generales", la reafirmación del carácter de "función pública" del planeamiento y la asunción del Gobierno regional de sus competencias en esta materia.

Según el secretario general del PSM, en las próximas elecciones los ciudadanos madrileños tendrán que elegir entre dos modelos urbanísticos "diametralmente opuestos": el del PSOE, "sano y limpio, que favorece la accesibilidad a la vivienda, promueve la protección del medio ambiente y mejora la calidad de vida de los ciudadanos"; y el del PP, "permisivo con el urbanismo especulativo y complaciente con la corrupción urbanística". Como ejemplos de esta argumentación Simancas señaló que los casos de corrupción del PSOE, entre los que admitió los de Ciempozuelos y Aldea del Fresno, "son excepcionales, se identifican y se corrigen expulsando a sus autores". En el PP, por el contrario, afirmó que "la corrupción es estructural", constituye "el cáncer del sistema" y "se intenta tapar amparando a los responsables y persiguiendo a los denunciantes", como aseguró que se está haciendo en Villanueva de la Cañada o Torrelodones.
En este punto, Simancas censuró a la presidenta regional,  Esperanza Aguirre, por adoptar "un comportamiento cómplice con la especulación urbanística", y añadió que el modelo que preconiza el PP se basa en tres principios: "que todo el suelo es urbanizable y puede enladrillarse, la total ausencia de  planificación en el urbanismo regional y la gestión privada del suelo en función de los criterios de negocio".
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