Magnicidio

El cuidadoso plan elaborado por la inteligencia militar uruguaya para rescatar a tres de sus servidores de las manos de la Justicia chilena recibió en la última semana un duro revés luego que el magistrado Alejandro Madrid, encargado de la investigación del asesinato en Uruguay del químico de la Dina Eugenio Berríos, estableciera un estrecho vínculo entre ese crimen y la cada vez más verosímil intervención de terceros en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, principal figura de la oposición a la dictadura de Pinochet a principio de los años 80.
 
Los agentes de la inteligencia militar uruguaya  Tomás Cassella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli están siendo procesados por el juez Madrid como autores de los delitos de encubrimiento, secuestro y  asociación ilícita en el crimen del químico de la Dina.
 
El eslabón entre uno y otro caso resultó ser el reciente esclarecimiento por el propio ministro Madrid de la "liquidación" en marzo de 1977, mediante el empleo de gas "sarín",  del cabo de la Dina Manuel Leyton, en la siniestra clínica London, montada por sus superiores y un grupo de médicos y enfermeras dedicadas en experimentar sobre "personas molestas para el régimen militar" con sustancias letales prohibidas internacionalmente.
 
Y resulta que el químico Berríos fue empleado por la DINA para preparar sustancias tóxicas y bacteriológicas que intentaron ser usadas inicialmente en la eliminación del ex-Canciller  Orlando Letelier y se aplicaron efectivamente en el asesinato del funcionario de la ONU Carmelo Soria  y decenas de otros "enemigos o traidores".    
  
Con la recuperación de la democracia, Berríos se convirtió en un peligro para Pinochet "por lo mucho que sabía". Según confesión del ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) y actual reo, Hernán Ramirez Rurange, fue Pinochet en persona quién les ordenó sacar en secreto a Berríos de Chile e instalarlo en Montevideo con la ayuda de sus amigos del Río de la Plata.
 
Ante estas evidencias, la Corte de Apelaciones despojó a Pinochet del fuero como ex Jefe de Estado y comenzó a procesarlo en octubre del 2006, juicio en el que, como en otros cinco, el dictador nunca llegó a ser condenado, primero alegando demencia y luego al ser "sobreseido por fallecimiento".

Entre quienes no han podido zafar aún destacan el ex  Auditor General del Ejército, general (r)l Fernando Torres Silva, su adjunto coronel (j) Enrique Ibarra, hoy presos en la Brigada de Policía Militar de Peñalolen, por los delitos de asociación ilícita, secuestro y muerte del químico Berríos.
 
Esta semana también corrieron la misma suerte cuatro médicos militares que trabajadon en la clínica London de la DINA: Pedro Valdivia, Vittorio Orvietto, Osvaldo Leyton y Hernán Torico, además de una decena de enfermeras y auxiliares que intervinieron como co-autores, cómplices o encubridores del envenenamiento con sarín del molesto subalterno, el cabo Manuel Leyton.
 
La ex senadora Carmen Frei, hija del mandatario fallecido "oficialmente" a consecuencia de "un schock séptico" que le sobrevino  a principios de enero de 1983 en la Clínica Santa María, afirmó que el esclarecimiento del crimen de su padre esta próximo, que los doctores de la DINA Valdivia y Orvietto pertenecían al cuerpo Médico de la clínica Santa María y que el primero de ellos había ingresado diariamente a la habitación en la que convalecía su padre, sin que la familia nunca se enterara. También denunció la falta de colaboración de las autoridades norteamericanas en la investigación y la demora en la entrega de la confirmación  de vestigios de gas mostaza encontrados en el cadáver de su padre. Por su parte el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, dijo que la configuración del crimen está pendiente de la confirmación de los exámenes toxicológicos.
 
En este escenario, los agentes secretos uruguayos están expuestos a convertirse en encubridores de un magnicidio y, desde luego, en obstructores a la acción de la justicia,  tanto en Chile como en su propio país, donde nunca han sido enjuiciados.
   
Por el contrario, luego que el juez Madrid obtuvo que la Corte Suprema de Uruguay resolviera el 18 de abril del 2006 el traslado a Santiago del teniente coronel (r) Tomás Cassella y los oficiales en actividad Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, para responder por el encubrimiento, secuestro y asesinato de Berríos en Uruguay, las presiones se han multiplicado para lograr su regreso.
 
Cassella ejerció como "edecán" de Pinochet -entonces Comandante en Jefe del Ejército-  en su visita "por asuntos privados" a Montevideo, en el verano de 1993. Su presencia allí coincidió con la fecha establecida ahora de la desaparición y muerte de Berríos.
 
Los tres militares uruguayos fueron procesados y permanecieron detenidos desde el 18 de abril del año pasado en el Centro Nuclear del Ejército y al cabo de 5 meses lograron la libertad bajo fianza. Desde mediados de  octubre viven en libertad vigilada con cargo al presupuesto del Ejército, que les mantiene sus cargos, sueldos  y financia su defensa, además de los gastos de permanencia en Chile.
   
Ante el importante avance que el juez Madrid ha alcanzado en el esclarecimiento de los crímenes de Berríos, del cabo Leyton y del ex Presidente Frei Montalva, parece poco probable que ahora prosperen las gestiones oficiosas  para lograr que los procesados sigan gozando del libertad bajo fianza en su país, a la espera del fallo del juez Alejandro Madrid

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Víctor Vaccaro
Periodista