Un total de 7.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía han presentado reclamaciones a sus superiores para solicitar un chaleco antibalas y guantes especiales anticorte y antipunzón para asegurar su seguridad, según informó este jueves el portavoz del Comité de Madrid de la Unión Federal de Policía (UFP), Emilio Martín Dueñas. No obstante, apuntó que sólo han conseguido buenas palabras.
"Un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, con unos ingresos mensuales de 1.300 euros netos al mes, ha de pagarse su propia seguridad para evitar que reciba un pinchazo y coja el sida o la hepatitis, o le peguen un tiro, causándole heridas graves, o peor, su muerte", explicó el portavoz.
"Es injusto, infame, y desde luego ilegal, que un funcionario del CNP cuide de su propia seguridad, teniendo que pagar de sus escasos ingresos como funcionario de carrera, un chaleco antibalas así como unos guantes anticorte y antipunzón, para evitar con ello ser un Pato de feria, al que fácilmente se le puede disparar o herir por los propios delincuentes", aseguró Martín Dueñas.
Según las palabras del portavoz, es ilegal que los agentes tengan que pagar su seguridad, dado que el Real Decreto 2/2006 de Prevención de Riesgos Laborales en el Cuerpo Nacional de Policía, establece que "la Administración está obligada a proporcionar a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por el uso efectivo y correcto de los mismos". Y añade que "dicho gasto correrá, según dice la norma, siempre a cargo de la Dirección General de la Policía, y nunca del propio funcionario."
Asimismo, la Unión Federal de Policía (UFP) ha presentado dos denuncias ante los organismos competentes. "Mientras tanto, si el funcionario quiere trabajar seguro, tiene que gastar de su bolsillo cerca de 1.000 € para comprarse dichos equipos de protección", subraya UPF, que no cejará en conseguir que finalmente se dote de forma individual, a cada funcionario, y gratuitamente lo que en justicia y ley les corresponde", agrega.
Según Martín Dueñas, "el día que se siente en un banquillo judicial como imputado algún alto responsable político o policial, por incumplir la normativa preventiva, habrá un cambio radical y de mentalidad en el Cuerpo Nacional de Policía."