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Balance de gestión

lunes 11 de diciembre de 2006, 09:20h

Tomado con la cautela de lo que vale el juego de las encuestas, algunas de ellas, como las oficiales del CIS, muestran al PSOE y el PP muy próximos en intención de voto, lo que no impide que el actual “aislamiento político” del PP, de no corregirse, dejaría al PSOE en condiciones de capitalizar, para mantenerse en el poder, la mayor parte del voto de los partidos minoritarios. Quizá haya empezado a suavizarse ese aislamiento por el lado más importante, el de CiU, dolidos los nacionalistas catalanes por la forma en que, con Montilla con mascarón de proa, Rodríguez Zapatero les ha dejado compuestos y sin novia. Ganar las elecciones y quedarse fuera del Palau no alimenta confianzas precisamente. La realidad del momento es compleja. Parece que el PSOE pierde respaldo electoral, pero el PP no capitaliza suficientemente esa oportunidad. Ferraz juega con la probabilidad de que los electores descontentos, si no ven alternativa, mantendrán el voto cuando llegue la hora decisiva de las urnas.

Afirma José Blanco que, en las urnas locales y autonómicas del próximo mayo, el PSOE aspira no sólo a mantener posiciones sino incluso a recuperar tres autonomías emblemáticas, en concreto, Madrid, Baleares y Canarias. No cabe duda de que, si los socialistas consiguieran ese resultado, el PP tendría que replantearse toda su estrategia de oposición. ¿Es probable, o posible, ese resultado? En política todo es posible, pero muy poco es gratuito.

El primer objetivo en la diana de caza de José Blanco es Madrid. A fecha de hoy cuesta mucho trabajo creer que Rafael Simancas pueda ganar a Esperanza Aguirre, o que el “paracaidista” Miguel Sebastián, incluso como rostro interpuesto del propio Rodríguez Zapatero, pueda vencer nada menos que a Alberto Ruiz-Gallardón, a pesar de la “política de obras y deuda” del actual Alcalde de la capital. Las obras bien hechas y terminadas a tiempo pueden incluso jugar a favor, y la deuda pública nunca ha influido en las urnas. La presidenta Esperanza Aguirre se siente tan “sobrada” que ni siquiera ha objetado que repitan candidatura, en municipios estratégicos, alcaldes que están en el ojo del huracán de las sospechas sobre corrupción urbanística, en algún caso incluso bajo investigaciones en marcha. También es verdad que en esto de la corrupción municipal urbanística el PSOE no está en condiciones de poner mucho énfasis, particularmente en la Comunidad de Madrid.

Cierto que en Baleares hay indicios de corrupción que apuntan –lateralmente, todo hay que decirlo, al actual gobierno autónomo, pero la memoria del “pentapartito” aún está fresca como para que los electores deseen reproducir aquel desaguisado.

En Canarias el PSOE no sólo tiene que ganar, sino evitarse el riesgo de beber la misma cicuta que acaba de servir en Catalunya a Artur Mas, es decir, necesita armar una mayoría alternativa a la que pretenden varios dirigentes de CC, que es el regreso a la coalición CC-PP. ¿Puede alcanzar López Aguilar el listón de los 31 escaños con la suma de PSOE, NC (2), CNN (3 a 5) y un par de eventuales escindidos de CC, estos últimos sólo si fueran necesarios y suficientes? No es imposible, pero tampoco fácil. Si el candidato de CC fuera finalmente Paulino Rivero ¿por dónde decantaría sus alianzas el pausado político de El Sauzal, tan menospreciado por los “señoritos” de su partido, pero con tanto peso real en la base electoral del mismo?

Cierto que hay por delante casi medio año de aquí a mayo y todo es posible en ese tiempo, pero el castigo electoral a la corrupción es muy limitado mientras no se produzca la fuerza plástica de las consecuencias en sede judicial. En un país como el nuestro, dividido entre el pesimismo fatalista y la moral social degradada, de poco sirve la convicción moral de que tal o cual político es corrupto, mientras las actuaciones de la fiscalía y los jueces no permitan dar el salto desde la convicción a la certidumbre. Pueden incluso producirse “efectos boomerang”, si los políticos afectados saben transmitir a sus electores la imagen de que son perseguidos por su éxito. ¿No lo consiguió durante largo tiempo Jesús Gil en Marbella?

Además, para este ambicioso objetivo socialista de mantener las actuales posiciones y ganar incluso otras a la oposición, el Gobierno se enfrenta a la compleja visualización de sus resultados de gestión, entre los que, como es natural, hay de todo, bueno, malo y según quien lo mire o cómo se explique y se perciba.

Es difícil discutir al gobierno de Rodríguez Zapatero el mérito de la eficaz traducción legislativa de importantes políticas. Por ejemplo, las sociales. Ahora mismo acaba de sacar adelante la ley de Dependencia, que permite recuperar la esperanza a cientos de miles de personas y el sosiego a un número equivalente de familias, y que fue acertadamente calificada por la vicepresidenta Fernández de la Vega como “la cuarta pata del Estado de bienestar”. Leyes polémicas y que necesitan mucho coraje para impulsarlas, como la reforma del matrimonio o la que ha facilitado, en trámites y tiempo, el divorcio, están igualmente –fundamentalismos al margen– en el activo. Y aún mucho más las importantes reformas legales para la lucha contra el crimen organizado y contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos. El buen trabajo y los resultados del Ministerio de Justicia parecen innegables, a pesar incluso de su flanco débil que son las relaciones institucionales con el Poder Judicial.

En el lado negativo del balance hay que anotar, sin duda, el deterioro de la gestión de obras y servicios públicos –con casos extremos, como el transporte aéreo– y la inexistencia de política de vivienda, así como la evidente entrega de “barra libre” a la voracidad de promotoras y constructoras, o el abandono de los consumidores a las singulares prácticas de omnipotentes empresas de servicios, tanto en los básicos como especialmente en los relacionados con las nuevas tecnologías. Tampoco en sanidad –guerra contra el tabaco al margen– hay muchas alegrías. Fomento, Vivienda, Sanidad y algún otro ministerio trabajan electoralmente para la oposición.

Por lo que se refiere a esas “principales inquietudes de los ciudadanos” que reflejan las encuestas, el balance es muy irregular, inexistente por ejemplo en lo que hace a la seguridad. La seguridad empezó a deteriorarse durante el segundo gobierno de Aznar, pero la agudización del problema es evidente: violencia en las calles, delincuencia común, tráfico de drogas, bandas con proliferación de armas de fuego, atracos a comercios, asaltos a viviendas… Nada se ha hecho para corregir esa deriva y los españoles tienen la percepción de que sus calles y sus casas son cada vez menos seguras.

Tampoco se ve política de inmigración, más allá de unas ocasiones regularizaciones al gusto y servicio de empresarios sin escrúpulos. En un país frontera con el mundo subdesarrollado, es imprescindible una política de inmigración pactada y compartida por todos los partidos del arco parlamentario. Ni siquiera se ha intentado el acuerdo, se ha dejado que el problema se alimente y crezca, y cabe temer que, más temprano que tarde, la falta de consenso en política de inmigración se traducirá en la indeseable emergencia de actitudes radicales y conflictivas, con serias consecuencias.

Esa misma falta de capacidad –o de voluntad, que sería peor– para impulsar el consenso político agrava el problema del terrorismo, lo mismo con relación a la amenaza islamista que ante nuestro problema particular, es decir, ETA, casi medio siglo de criminalidad y casi un millar de muertos que nos gritan el clamor de su forzado y definitivo silencio. No es posible entender que un gobierno democrático –como sin duda lo es el actual, en plena legitimidad de origen y ejercicio– prefiera, o simplemente encuentre más cómodo, negociar con ETA que con el partido mayoritario de la oposición, que representa a más del 40 por ciento de los ciudadanos.

¿Tiene esto último alguna relación con el aspecto más negativo –la vertebración del Estado– de este balance de luces y sombras con que el gobierno de Rodríguez Zapatero se acerca a las urnas del próximo mayo? La democracia es un estado de opinión pública. Pues bien, el único momento, desde marzo de 2004, en que la intención de voto del PSOE llegó a rozar o incluso cruzar la pérdida de la mayoría, no fue por la negociación con ETA, sino por el trámite del nuevo Estatut de Catalunya. No hubo “anticatalanismo” –zafia acusación que ofende a la verdad– sino percepción de que, de manera frívola y mezquina, se estaba sacrificando nada menos que la vertebración territorial del Estado a unos intereses a corto plazo, personales y de partido.

Por el otro lado de la moneda, es inevitable la reflexión de que si PP no cruza las candilejas debe estar actuando mal sobre el escenario si, aunque crece en intención de voto, no mejora la valoración de sus líderes ni de su trabajo como oposición. En resumen, que cara a las urnas autonómicas y municipales del próximo mayo, ahora mismo, cuando cerramos este año 2006 que políticamente ha sido de más sombras que luces, la moneda está en el aire y cualquier cosa puede suceder de aquí a entonces. Es tiempo para los estrategas y los tácticos de los “aparatos” de los partidos.

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