El Estado no permitirá que se actúe al margen de la ley

Máximo Díaz-Cano salió el miércoles al paso de las críticas lanzadas ayer (martes)por el secretario regional de ASAJA, José María Fresneda, que acusó al Ejecutivo central de ser responsable de los asentamientos ilegales, de la falta de mano de obra y de los robos que se están produciendo en el campo.

"La administración del Estado no va a permitir el mercadeo de personas, y que según se bajen de los autobuses se les ponga a trabajar sin que se garanticen sus derechos", porque según Díaz-Cano ha habido todo un marco y un proceso legal flexible para su contratación, así como información y voluntad política suficiente para que los empresarios agrícolas tengan trabajadores de cara a la vendimia.

Preguntado por la posibilidad de emprender acciones legales contra dirigentes agrarios por afirmar públicamente que incurrirán en contrataciones ilegales, Díaz-Cano afirmó que "podría ser estudiado, pero no quiero introducir crispación, porque lo que menos necesita la sociedad de Castilla-La Mancha y el sector es eso. Lo que se necesita es sensatez, prudencia y tener claro que a todos nos anima el mismo propósito de realizar esas faenas bajo la legalidad y dignidad".

Recordó además el delegado del Gobierno que las personas que llegan a la región "son personas que van a trabajar en un estado de derecho y ha de respetarse su dignidad como personas y la legislación vigente, y por ello vamos a ser exigentes, al igual que con otros sectores".

Díaz-Cano quiso acabar con "la falsa impresión que se puede estar dando" de que se esté produciendo una mayor actividad inspectora de trabajo en el sector agrario, "algo que no es cierto" porque es la hostelería el sector que más inspecciones concentra a fin de acabar con la contratación irregular.

El delegado del Gobierno defendió que el origen de los asentamientos ilegales que se están dando en la región es la contratación ilegal, "y por ello, no es necesario que pidan inspección de trabajo para detectarlos, porque se han realizado y se siguen realizando actuaciones en relación a más de 220 trabajadores que están en situación irregular, en sus contratos laborales, no en su residencia en el país", dijo.

Explicó que la actuación en la localidad ciudadrealeña en Llanos del Caudillo se ha llevado a cabo a instancias "del delegado del Gobierno en coordinación con el subdelegado provincial", con el objetivo de controlar el origen del asentamiento que es la contratación ilegal. Sobre este asentamiento, Díaz-Cano apuntó que en el pueblo quedan cerca de 130 ciudadanos extranjeros, de los cuales más de 50 continúan viviendo en las chabolas, mientras el resto residen en viviendas alquiladas.

Asentamientos de inmigrantes en Castilla-la Mancha

El delegado del Gobierno defendió, respecto a las manifestaciones de ASAJA, que "no se pueden mezclar cuestiones diversas como la falta de mano de obra, con los asentamientos, con políticas de inmigración, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de ciudadanos de la Unión Europea, que pueden circular libremente por nuestro país", explicó.

Díaz-Cano, que dijo no querer hacer un juicio intencionado de las palabras de Fresneda, aseveró que "es una exageración que no se corresponde con la realidad, porque los inmigrantes que llegan a la región son ciudadanos de la UE, que nada tienen que ver con la llegada de cayucos".

Indicó que en la actualidad en Castilla-La Mancha existen entre 20 y 30 asentamientos de inmigrantes, pero que la población residente en ellos está disminuyendo, porque se reduce también la expectativa de contratación y vuelven a su país, como está ocurriendo en Llanos del Caudillo. Según el representante del Gobierno central, los asentamientos son un fenómeno que se dan en todo el país, y responden a una "ruta de trabajo agrícola", que lleva a estas personas a moverse en busca de empleo.

Defendió que Castilla-La Mancha, con las especificidades que presenta la vendimia, "debe aspirar a ordenar y sistematizar esta tarea", como ocurre en Jaén con la campaña de la aceituna, o en Lleida con la pera, para "no incurrir en cierto desorden o introducir el desánimo en la gente advirtiendo de que no hay posibilidad de legalidad cuando si es posible".

Peticiones de las OPA.

Preguntado por la demanda que las organizaciones agrarias de la región elevaron hoy a la consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, Díaz-Cano dijo verla "respetable", pero matizó que se debe compartir con el conjunto de los agentes sociales y económicas que en un momento determinado instaron al Gobierno de España a aplicar esta moratoria, ante el temor de que la entrada de que estos países crearan inestabilidad en el mercado laboral español.

"Algunas de estas asociaciones pertenecen a las organizaciones que plantearon al Gobierno de España esa moratoria" apostilló Díaz-Cano, quien pidió por tanto "coherencia" en sus planteamientos.

Facilidades para los empresarios agrícolas

Máximo Díaz-Cano aseguró que los empresarios agrícolas están teniendo "enormes facilidades" por parte de la Administración para llevar a cabo el proceso de contratación de trabajadores, que han mantenido multitud de reuniones informativas, para prevenir que la tramitación se hiciese en los últimos instantes.

A fecha de hoy, explicó el delegado del Gobierno, en las diferentes áreas de trabajo de las cinco subdelegaciones de la región se han tramitado 12.000 expedientes de trabajadores extranjeros para la vendimia, entre ellos los de ASAJA. En Albacete son cerca de 1.000 expedientes los tramitados, en Ciudad Real 4.000, en Cuenca 1.500, y en Toledo cerca de 5.000, lo que indica, según el delegado del Gobierno en la región, "que hay muchos empresarios que tienen la información y lo están haciendo en condiciones normales", expuso.

Por ello, desmintió la existencia de trabas en los expedientes para la contratación de trabajadores extranjeros denunciadas por determinadas asociaciones agrarias, a la hora de facilitar y agilizar los expedientes.