El nuevo Estatuto andaluz: la prueba de que nada se rompe en España

La reforma del Estatuto de Andalucía que hoy aprobará el Congreso de los Diputados es un texto excelente, con el que nos sentimos identificados en lo fundamental. Es una acertada respuesta a los nuevos retos que debe afrontar la sociedad andaluza para seguir progresando. Los andaluces van a contar con un Estatuto solidario, como cabía esperar de un pueblo histórico y de espíritu abierto, con una rica trayectoria y mestizaje de civilizaciones.

De él cabe destacar el nuevo diseño competencial, una apuesta de máximos en pie de igualdad con cualquier otra comunidad, así como el papel que la ciudadanía va a seguir jugando para el futuro de Andalucía. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la autonomía municipal y la suficiencia financiera de los Ayuntamientos, lo convierten en una apuesta decidida por el municipalismo y sitúa a las Corporaciones Locales como uno de los principales ejes vertebradotes de la Comunidad.

El Estatuto es el fruto de la lucha histórica del pueblo andaluz, de su compromiso por mejorar sus condiciones de existencia y por legitimar sus señas de identidad. Desde IU, la mayor satisfacción procede de los avances conseguidos en relación con la reforma agraria, la protección del medio ambiente y el fomento de las energías renovables, la mejora del empleo y el servicio público, la enseñanza laica, la ampliación y el reconocimiento de nuevos derechos sociales, el compromiso de lucha contra la especulación urbanística que permita el acceso a una vivienda digna, el derecho a un proceso digno ante la muerte o la igualdad entre hombres y mujeres.

IU también ha sido decisiva para conseguir el pago de la deuda histórica de Andalucía; una deuda que, por no haber visto un euro desde hace tantos años, iba camino de convertirse en ‘prehistórica'. El PP se opuso a ello, mientras el PSOE no era favorable en un principio a fijar un plazo para el pago. Finalmente, nuestra tenacidad ha conseguido que la deuda tenga que ser abonada en los tres años siguientes a la entrada en vigor del nuevo Estatuto.

Igualmente importante es el sistema de financiación y las inversiones, que en los próximos siete años serán proporcionales a la población, el criterio que más conviene a los andaluces.

Este Estatuto, además de ser social y ambiental, imprime una orientación federal en términos de autogobierno. El nuevo marco competencial, de máximo nivel, sitúa a Andalucía, junto a Cataluña, en punta de lanza del desarrollo estatutario, como locomotora federal del Estado.

Dos comunidades ya han aprobado sus nuevos estatutos (Cataluña y País Valencià), otros tres han llegado ya al Congreso (Aragón, Baleares y Canarias) y se espera que entren otros dos antes de finalizar la actual legislatura (Castilla-La Mancha y Castilla y León). Al mismo tiempo, la práctica totalidad de los parlamentos autonómicos está dando pasos de cara a la reforma de los suyos. Queda así demostrado que los dos argumentos iniciales del PP contra los estatutos de Cataluña y de Andalucía se han desmoronado como un castillo de naipes. Frente a las críticas de Rajoy, reprochando que se abriera “ el melón de las reformas estatutarias ”, paso a paso se comprueba que había una necesidad objetiva y, además, que España no se rompe con ellas, muy al contrario, se consolida.

Entre el 23 de mayo, en que el Grupo Popular votó en contra de la toma en consideración del proyecto emanado del Parlamento de Andalucía, presentando una enmienda a la totalidad, y el 24 de octubre, en que fue aprobado con su voto favorable en la Comisión Constitucional , el PP pasó del rechazo más intransigente hasta la alabanza más meliflua, recorriendo todos y cada uno de los colores del camaleón.

Recordemos cómo Antonio Sanz, secretario del PP andaluz, había arremetido contra el proyecto aprobado por el Parlamento de Andalucía con el peregrino argumento de que se había convertido “ en una moneda de cambio para las exigencias del nacionalismo y la justificación para no pagar la deuda histórica ”. El PP, atrincherado en un modelo de España centralista y preconstitucional, dejaba escaso margen a Javier Arenas para incorporarse al Estatuto de Andalucía.

Lo cierto es que, llegada la hora de la verdad, para los populares era imposible la retirada. Habían comprendido que resultaba suicida para ellos volver a Andalucía como en 1980 con el lema de “andaluz, éste no es tu referéndum”.

El PP abraza ahora lo que rechazó para Cataluña. Entonces, Rajoy sacrificó al PP catalán, algo que no estaba dispuesto a hacer con el andaluz, una de sus principales fuentes electorales. Arenas lo ha reconocido: “ Oponernos nos hubiera llevado a la marginalidad ”. Al PP, tanto en Madrid como en Sevilla, le quedan ahora muchas explicaciones que dar tanto a sus militantes como al conjunto de la sociedad.

Desde Izquierda Unida nos sentimos orgullosos de haber sido pieza determinante en la negociación y aprobación de un Estatuto que venía con la participación y el respaldo de amplios sectores sociales e institucionales. La verdad, consta en acta, es que el proyecto salió de Sevilla con el respaldo del PSOE e IU y el voto en contra del PA y del PP. IULV-CA y sus dirigentes, con el pleno apoyo de IU federal, han sido el motor de impulso de sus principales avances, y la garantía de un Estatuto que aspiraba a lo máximo, homologable en todos los aspectos, especialmente en lo relativo a las competencias, a los demás.

Desde el inicio habíamos advertido al PSOE que IU iría a la negociación abierta al diálogo, siempre que lo acordado no supusiera una rebaja o recorte del proyecto andaluz, y el consenso mantuviera el texto en primera división. Y hemos cumplido nuestra palabra. Fuimos al diálogo desde la confianza y la lealtad al pueblo andaluz, con un alto espíritu reivindicativo, pero nunca desde el agravio y la desconfianza. El esfuerzo ha merecido la pena.