Con fuerza de mujer

La derecha política abrió los fuegos contra la Presidenta Michelle Bachelet apenas logró reponerse de la cuarta derrota electoral ante la Concertación de centro izquierda, esta vez a manos de una mujer  a la que pretendió desacreditar imputándole  debilidad, incapacidad para gobernar, falta de liderazgo  e inexperiencia.

La Alianza, constituida por  UDI y Renovación Nacional, sustituyó  la “política de los acuerdos”  mantenida con el gobierno de Ricardo Lagos por la confrontación, la obstrucción y la llamada “teoría del desalojo” de La Moneda, elaborada por el senador Andrés Allamand,  antiguo fundador junto al empresario bursátil Sebastián Piñera de la “patrulla juvenil”, que en la derecha de principios de los años 90  trató de distanciarse de Pinochet y abrir un camino democrático a la oposición, pero terminó proponiendo  un plan que  recordó a muchos  el golpe al Presidente Allende.

La idea no consistió en volver a golpear las puertas de los cuarteles, cosa que luego de 17 años de transición democrática parece descabellada y no tiene sustento alguno después de la muerte del dictador.

Ahora se trató de convencer a la ciudadanía que al cabo de cuatro gobiernos consecutivos de la Concertación, el pacto de gobernabilidad  de la centro-izquierda estaría agotado, no ofrecería al país más que corrupción, errores como el diseño e implementación del sistema de transporte público, mayor desorden e incapacidad, por lo que habría llegado la hora de la alternancia y la expulsión de los moradores de la Casa de Gobierno. Se supone  - esta vez -  con la fuerza de los votos.

Ante esa estrategia la Presidenta Bachelet respondió que cuando termine su período, en marzo del 2010,  “habremos avanzado a través de la reforma previsional a tener pensiones más justas y una vejez más digna, haber generado una educación de mayor calidad para todas  y todos, logrado una protección a la  infancia, y por ende avances en la lucha contra la desigualdad, por un país más probo y transparente, con una política de salud, urbana y habitacional mucho mejor. Además las mujeres de Chile  van a tener una perspectiva mucho más amplia, porque no habrá áreas en las que sean vetadas, luego que una mujer llegó a ser Presidenta de la República. Vamos a tener  un cambio cultural que ya no tiene vuelta atrás”.

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Andrés Palma, estima que “la situación política, social y económica es muchísimo mejor hoy que en los otros gobiernos (de la Concertación). La gente no siente amenazas de caos ni de involución política y eso le permite manifestarse. Las personas tienen menos temor a perder el trabajo. Todo eso implica una demanda por mayor equidad”.

Lo dramático, advierte, es que estas movilizaciones, que debieran ser masivas por sus motivaciones (mejor distribución de la riqueza, en la que Chile es un país mal calificado), son cada vez menos concurridas, por culpa de pequeños grupos violentos y la incapacidad de los convocantes para ordenar sus marchas.

Los chilenos, al parecer, no pueden aún superar las traumáticas secuelas que dejó la dura lucha popular contra la dictadura. En esos tiempos las gigantescas convocatorias a la resistencia cívica se jibarizaban dramáticamente cuando el escenario, sembrado de víctimas, era ocupado por los aparatos represivos y los combatientes enmascarados.

El derecho democrático a manifestarse públicamente se ha recuperado al extremo que algunos ministros de la Presidenta Bachelet declararon estar dispuestos a plegarse a la movilización que convocó a fines de agosto la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reclamando por la mala distribución de los ingresos,  siempre que sus organizadores condenen abiertamente y contribuyan a impedir la  violencia, extirpándola de toda manifestación popular por mas justicia y equidad.

La Presidenta Bachelet considera imperioso que los chilenos recuperemos la capacidad de manifestarnos pacíficamente y con respeto al derecho de los otros. Ese es el clamor nacional luego de los abominables incidentes ocurridos una vez más la noche del último 11 de septiembre,  expresado en la declaración de la Conferencia Episcopal dada a conocer por el Obispo Alejandro Goic.

A la Iglesia Católica y al país le indigna “la violencia irracional de personas que se amparan en la oscuridad y en el tumulto para herir, agredir y saquear”, armando a niños que disparan contra la policía, que destruyen las escuelas donde se educan ellos mismos y roban los modestos bienes de sus vecinos.

Los Obispos manifiestan también su preocupación por la “colusión peligrosa entre la delincuencia y el narcotráfico que se da en muchas poblaciones y barrios”, y ante “la magnitud de la agresión y la violencia, como también la aparición de armas en manos irresponsables que impulsan al caos”, exhortan “a redoblar el esfuerzo en el desafío de educar para la paz”.

Sorda a este llamado, una oposición delirante de oportunismo trata de culpar al gobierno  de lo ocurrido. El senador de la UDI Hernán Larraín, sin ruborizarse, responsabiliza por igual al Gobierno y al Partido Comunista por lo acontecido la noche del 11 y habla de “un incalculable fracaso del Ejecutivo en la protección del orden público”.

Su colega Jovino Novoa desliza  que el senador PS Alejandro Navarro incitó los incidentes: “Cuando vemos a un senador  de la república agrediendo a carabineros, el delincuente o el lumpen puede entender que tiene licencia para matar”, mientras dirigentes de la Alianza asisten a la reconstrucción en Pudahuel del asesinato del cabo Cristián Vera y acompañan al presidenciable de RN Sebastián Piñera al multitudinario funeral de la víctima en Lebu, proclamando que “en nuestro futuro gobierno el que atente contra un carabinero con armas de fuego, con bombas molotov, lo vamos a perseguir hasta el fin del mundo”.

Mientras el vocero del gobierno, Ricardo Lagos Weber, subraya que esta obscena reacción de connotados colaboradores de la dictadura pinochetista – origen y fuente de todas las violencias - busca politizar la muerte del cabo Vera, el general director de Carabineros José Bernales, en una ejemplar manifestación democrática del dolor que afecta a su institución, se congratula con el notable hecho que  ningún civil haya resultado herido pese al ataque armado que recibían sus subalternos “porque si no, los hechos serían completamente distintos”.

“Si nosotros  estamos actuando ajustados a derechos y defendiendo el Estado de Derecho – afirma el general Bernales – lo único que pido es que el resto, como lo hizo la Presidenta de la República, se comprometa a mantener este Estado de Derecho”.

La Concertación, a propuesta de la senadora y presidenta de la DC Soledad Alvear,  está dispuesta a recuperar las movilizaciones masivas y pacíficas que hicieron poderosas las demandas populares, con una marcha por las calles de Santiago que sea liderada por la Presidenta Bachelet.

Con esa felizmente inagotable serenidad y capacidad femenina de superar los dolores propios y ajenos, la primera mandataria advierte: “Vamos a usar todos los recursos que están a nuestro alcance para aplicar mano firme contra la delincuencia y el vandalismo, porque a Chile le costó mucho conseguir la paz y la democracia y no podemos permitir que unos pocos lo transformen en un país violento”.

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Víctor Vaccaro Guzmán
Periodista