El Gobierno de Israel ha dado un paso histórico y polémico ayer domingo al aprobar la reapertura del proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada.
S trata de un procedimiento que permanecía suspendido desde el inicio de la ocupación en 1967. La medida, impulsada por los ministros Yariv Levin (Justicia), Bezalel Smotrich (Finanzas) y Israel Katz (Defensa), permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva extensas áreas de terreno como "propiedad estatal".
El proceso se centrará en el Área C, que representa el 60% del enclave y está bajo control administrativo y militar israelí según los Acuerdos de Oslo (1993-1995).
Judea y Samaria
Para el ministro de Justicia, Yariv Levin, esta decisión constituye una "verdadera revolución" para fortalecer el control sobre lo que denomina Judea y Samaria, afirmando que "la Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel".
Por su parte, el ministro de Finanzas y líder colono, Bezalel Smotrich, ha celebrado la restauración de la "gobernanza" en la gestión de tierras, vinculando esta acción a una represalia contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP), a la que acusan de registrar territorio de forma ilegal en la zona.
El Ejecutivo israelí ya ha anunciado que dotará de presupuesto y equipos específicos a las autoridades competentes para acelerar la colonización del terreno.
Rechazo internacional
La presidencia de la Autoridad Nacional Palestina ha rechazado frontalmente la medida, calificándola como una "anexión de facto" del territorio ocupado y una declaración de intenciones para consolidar los asentamientos ilegales.
La ANP sostiene que esta decisión viola flagrantemente el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, que consideran a Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza como territorios palestinos bajo ocupación.
En su comunicado, han instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al Gobierno de Estados Unidos a intervenir de inmediato para frenar lo que consideran una amenaza directa a la estabilidad y seguridad de la región.
Contra las normas internacionales
Desde el ámbito militar, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha justificado el movimiento como un paso jurídico esencial para garantizar la "total libertad de acción" del Ejército en Cisjordania.
En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, el propio fiscal general militar israelí suspendió estos procesos al entender que contravenían las normas internacionales aplicables a una potencia ocupante.
Con este cambio de rumbo, el actual gobierno de Benjamin Netanyahu busca regularizar explotaciones agrícolas y asentar la presencia israelí en un proceso burocrático de enorme complejidad que Israel había evitado durante décadas.
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