El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este domingo un ambicioso plan legislativo para ampliar los poderes de su Ejecutivo en la regulación del entorno digital infantil.
A través de una enmienda a la ley de protección de la infancia, Starmer busca establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales y restringir funciones de diseño adictivo, como el scroll infinito o la reproducción automática de vídeos.
Además, el plan contempla limitar el acceso a las redes privadas virtuales (VPN), una herramienta que los menores utilizan frecuentemente para burlar los controles de edad y las restricciones geográficas.
La lucha contra las grandes tecnológicas
Starmer ha adoptado un tono combativo frente a las grandes tecnológicas, asegurando estar dispuesto a una "pelea con las empresas de redes sociales" si es necesario para proteger a los niños.
El mandatario defiende que la ley debe seguir el ritmo acelerado de la tecnología y ha prometido actuar con determinación una vez finalice la consulta iniciada el 20 de enero sobre la prohibición del uso de estas plataformas a menores de 16 años.
No obstante, la medida ya ha generado roces diplomáticos con Estados Unidos por las posibles repercusiones en la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios adultos.
También Francia, España y Portugal
Reino Unido se suma así a una tendencia internacional liderada por Australia. En Europa, varios países están tramitando legislaciones similares en este inicio de 2026. Francia ya aprobó en su Asamblea Nacional el veto a las redes sociales para menores de 15 años y la prohibición de móviles en institutos.
Por su parte, en España, el presidente Pedro Sánchez anunció recientemente una enmienda para elevar la edad mínima de registro de los 14 a los 16 años, eliminando incluso la posibilidad de que los padres autoricen cuentas por debajo de esa franja en el marco de la nueva Ley Orgánica de protección de menores.
Portugal ha sido el último país en unirse a este movimiento. Este mismo lunes, el país luso ha aprobado una propuesta de ley para aumentar la edad de acceso autónomo a las redes de los 13 a los 16 años. En el caso portugués, se permitirá el acceso a los menores de esa edad si cuentan con el consentimiento explícito de sus progenitores.
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