El torutoso camino a la Asamblea Cosntituyente

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Desde que comenzó su campaña electoral, en 2006, el entonces candidato presidencial Correa anunció que promovería una Asamblea Constituyente, con lo cual consiguió tanto adeptos como detractores.
La promesa de campaña comenzó a transformarse en realidad el mismo día que Correa asumió la Presidencia, el pasado 15 de enero, fecha en la que convocó una consulta popular para que el pueblo decidiera si deseaba la Constituyente.
Los altibajos en el camino de la Asamblea envolvieron a Ecuador en una crisis política en marzo pasado cuando se produjo un grave enfrentamiento entre el Parlamento y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que terció el Gobierno a favor de este último.
Pese a que la mayoría de los diputados decía admitir la Asamblea, el Parlamento, indignado porque el TSE convocó la consulta para el 15 de abril con un estatuto propuesto por el Ejecutivo, sin consultar al Legislativo, decidió con 52 votos sustituir al presidente del organismo electoral, Jorge Acosta, por Alejandro Cepeda.
Al no haber juicio político de por medio y no existir la figura del "reemplazo" en la legislación, Acosta no acató la decisión del Parlamento y, apoyado por la mayoría del TSE y por el gobierno, destituyó a los 52 diputados que querían sustituirlo.
También sumó a la lista de castigados a cinco legisladores que poco antes habían presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por la convocatoria de la consulta.
Ninguno de los recursos presentados ante los tribunales locales y organismos internacionales, ni los innumerables reclamos de los destituidos les sirvieron para retornar al Parlamento, un paso que les impidió hasta la policía.
Con esa situación, que un analista describió entonces como "el límite del absurdo jurídico y político", mientras algunos hablaban de "dictadura" y otros de "justicia", los ecuatorianos llegaron a las urnas el 15 de abril y casi el 82 por ciento aprobó la Constituyente.
El aplastante apoyo al Ejecutivo no dejó a la oposición otro camino que organizarse para acudir a la Asamblea y enfrentarse a Correa, un economista de 44 años que ataca a diestra y siniestra a lo que llama la "partidocracia", los políticos tradicionales.
A ellos achaca la mayor parte de los males del país y les acusa, entre otras cosas, de ser cómplices del mantenimiento de leyes que benefician a ciertos sectores, como el bancario, en detrimento de la población.
Precisamente esa es una de sus banderas de campaña para la Asamblea: tener la posibilidad de cambiar las leyes y los mecanismos de designación de las autoridades de control para que los beneficiados sean la mayoría de la población y no la elite.
Una batalla en ese sentido la perdió recientemente en el Parlamento, donde no tiene diputados elegidos en las urnas y donde una ley enviada por el Ejecutivo para controlar a la banca se aprobó parcialmente, con el agravante de que, según Correa, se distorsionó hasta "perjudicar" aún más a los clientes del sistema financiero.
Será además una de las batallas que retome en la "guerra" que pretende dar a la "politiquería" en la Asamblea, donde también prevé concretar el divorcio de lo que denomina una "relación incestuosa" entre los poderes económicos y los medios de comunicación.
La Constituyente tendrá plenos poderes y aunque su estatuto contempla que las decisiones tendrán que ser aprobadas en referéndum, Correa ha asegurado que pondrá a disposición de la Asamblea su cargo y renunciará si el pueblo elige mayoritariamente a políticos tradicionales.
También ha planteado que la Asamblea disuelva el Congreso y nombre una comisión legislativa temporal según los resultados de la elección de la propia Constituyente, algo a lo que se opone la gran mayoría de grupos políticos.
Ecuador abrirá el próximo domingo un nuevo capítulo en su historia con la elección de esta Asamblea, que se trasladará al pequeño pueblo de Montecristi, en la provincia occidental de Manabí, para redactar en seis meses la Carta Magna que reemplazará a la de 1998 y reformará las instituciones del Estado.
Montecristi fue elegido como sede de la Constituyente por ser la cuna del general y dos veces presidente Eloy Alfaro (1842-1912), el político liberal que modernizó el país a comienzos del siglo XX.