Ecuador obtendrá 800 millones por excedente en precio del petróleo

El Gobierno de Ecuador espera obtener más de 800 millones de dólares anuales al quedarse con el 99 por ciento de las ganancias extraordinarias del crudo, medida que augura disputas con las empresas petroleras que trabajan en el país.
El ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, precisó hoy que, según cálculos preliminares, el Estado obtendrá con la medida adoptada ayer por el presidente, Rafael Correa, 69 millones de dólares mensuales de los beneficios extraordinarios obtenidos cuando el crudo rebasa el precio fijado en los contratos.
La medida se ha adoptado cuatro días después de los comicios para la Asamblea Constituyente, en los que el escrutinio de votos apunta que el partido de Correa podría tener 80 de los 130 representantes, lo que le daría sobrada fuerza para poder hacer una Constitución con los cambios económicos que propugna.
Una fuente petrolera que pidió el anonimato dijo hoy a Efe que consideran que esta medida pretende situar al Gobierno en una "posición de fuerza" de cara a las negociaciones para renegociar los contratos con las petroleras, que se iniciarán el lunes próximo.
A partir del lunes, Chiriboga tiene previsto reunirse con las petroleras privadas que actúan en el país, a las que presentará un esquema de renegociación de acuerdos y planteará la posibilidad de contratos de servicios en lugar de participación.
El representante de las petroleras privadas en Ecuador, René Ortiz, mostró su sorpresa por una medida que no esperaba y consideró que el presidente Correa "no ha sido bien informado" sobre el tipo de contratos, ya que afirmó que los contratos de servicios no ofrecen mayores beneficios al Estado que los de participación.
Para Ortiz, que fue ministro de Energía de Ecuador, la medida podría llevar a una "inviabilidad económica" de las concesionarias petroleras en el país y a crear un "ambiente tenso" en unas relaciones que hasta ahora calificó de "buenas", en declaraciones a los periodistas.
Más drástico en sus declaraciones a la prensa fue el también ex ministro de Energía, abogado y asesor de empresas petroleras, Fernando Santos, quien calificó el decreto firmado por Correa de "medida confiscatoria", que podría ser "el fin de la industria petrolera en el Ecuador".
Para Santos, las compañías podrían abandonar su trabajo en Ecuador, "no sin antes demandar al Estado", debido a que considera que la medida viola la legislación nacional y la internacional.
Sin embargo, Iván Rodríguez, que ocupaba el Ministerio de Energía durante el anterior Gobierno, del presidente Alfredo Palacios, cuando se aprobó la ley que repartía al 50 por ciento entre el Estado y las compañías los beneficios extraordinarios, indicó que la medida es perfectamente legal.
La medida, para Rodríguez, "puede ser inadecuada", pero no se opone a la legislación nacional o internacional, pues sólo cambia, respecto a la legislación anterior, el margen de beneficio que corresponde al Estado de los ingresos extraordinarios por la subida del precio del crudo, lo que estaba previsto en la ley.
Hasta ahora las empresas petroleras han mantenido una posición discreta y sólo la hispano-argentina Repsol YPF ha señalado, en España, que la medida tendrá una incidencia "muy pequeña, insignificante" en sus cuentas.
Fuentes de la compañía consultadas por Efe destacaron que Repsol YPF, que está renegociando su contrato en Ecuador, extrae en torno a 15.000 barriles diarios en este país, mientras que la producción total de la petrolera supera el millón de barriles diarios.
Ecuador es el quinto productor de crudo de Suramérica, con unos 500.000 barriles diarios, lo que convierte a este capítulo en el más importante de su economía y financia alrededor del 35 por ciento del presupuesto del Estado.