ETA atenta contra un escolta del PSOE

 A las 13,30 de este mediodia, mediante una bomba lapa adosada bajo el vehículo de Gabriel Gines, escolta del concejal socialista del ayuntamiento de Galdacano José Domingo Galíndez, ETA, por primera vez en su historia, atenta contra un escolta. El guardasespaldas del concejal, trasladado al hospital de Cruces, presenta heridas en la cara, en las manos y metralla en el cuerpo. Su pronóstico es resevado, aunque se encuentra consciente con quemaduras consideradas de segundo grado.

Recientemente en los medios de comunicación del País Vasco, los escoltas habían avisado de que estaban siendo objeto de amenazas por parte de la organización terrorista. Ninguna de estas informaciones fué confirmada por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, pero sí por agentes de la Guardia Civil que avisaron al colectivo de guardaespaldas de la posibilidad de un atentado dirigido a ellos.

Lamentablemente, este mediodía las sospechas de la Guardia Civil se han visto confirmadas con el atentado sufrido por Gabriel Ginés, trabajador de una empresa de servicios de protección privada.

El apoyo que estos últimos días han recibido los miembros de Batasuna, detenidos por el juez Garzón, por parte de diversos dirigentes del Gobierno vasco -tanto Joseba Azkarraga como la portavoz, Miren Azkarate, se han mostrado muy activos en esta labor- tras el atentado de ETA, se ha tornado, rapidamente, en una requisitoria al mundo abertzale para que "tomen una decisión coherente de una vez por todas".

"Se estaban quejando de la vulneración de los derechos humanos, pero el primer derecho es el derecho a la vida, así que ante esta situación a la sociedad vasca le gustaría saber qué es lo que tiene que decir Batasuna. ¿piensan qué de esta forma se actúa en democracia?". Estas palabras, pronunciadas tras el atentado por la portavoz del Gobierno Vasco, contrastan con el inesperado apoyo que ayer mostro Iñigo Urkullu, portavoz del EBB, al colectivo abertzale.

El dirigente nacionalista, más que posible sucesor de Josu Jon Imaz al frente del PNV, expresó su preocupación por la detención de 17 dirigentes de Batasuna, considerando que esta medida es "una aplicación arbitraria de la ley", vinculada con la proximidad de las elecciones y los intereses del PSOE. Iñigo Urkullu, marcando distancias con la política seguida por Imaz, sorprende con estas declaraciones ya que entran de lleno, una vez más, en un voluntarismo político que el propio Imaz había desechado al considerar que "solo la acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno son los caminos que nos permiten trabajar por la paz y la libertad en Euskadi".