Otra vez las fronteras

    Unos 250.000 camiones españoles, que circulan anualmente por las carreteras francesas, serán afectados por la llamada "ecotasa gala"  (pago de 0,12 euros por kilómetro) implantada por el Gobierno del país vecino con el único fin de recaudar unos mil millones de euros  al año. La medida entrará en vigor en 2013, pero, hasta ahora, las gestiones, por parte de la patronal española del transporte (FENADISMER) intentando que se suspenda la tasa... no han dado fruto. Esta decisión afecta a otros países europeos, pero a ninguno en la medida en que perjudica los intereses de los transportistas españoles ya que el 38 por ciento de nuestras importaciones y el 30 por ciento de nuestras exportaciones tienen origen o destino en Francia, y la gran mayoría de los flujos de transporte de mercancías por carretera hacía otros países de Europa tienen que utilizar obligatoriamente la red viaria francesa. Hasta se han fijado las sanciones si se intenta burlar esta medida: multa de 750 euros, además del pago de los kilómetros recorridos, e incluso riesgo de que la Gendarmería inmovilice el vehículo.
 
    En los solemnes discursos de los estadistas y de los políticos se habla de una Europa sin fronteras, de un continente de apoyos mutuos y de solidaridad. Pero es una milonga, es mentira. Y no sólo porque, en economía, el pez gordo, como Alemania o Francia, se come al chico, como Grecia, Portugal y España, sino porque el gobierno de Sarkozy, en un mundo global, ha dado varios pasos atrás con el impuesto obligatorio sobre el transporte; es algo que recuerda a los fielatos de otros tiempos, o a los sobornos medievales para que una caravana de arrieros pudiese pasar por un determinado territorio. Y, además de todo ello, el momento actual es el menos oportuno para zurrarle  aún con más dureza a un sector gravemente castigado por la crisis, como es el del transporte. Y añadamos, en fín, que todo lo que sea encarecer el traslado de mercancías de un lugar a otro repercute en el precio de los bienes de consumo y los encarece.
 
    Por muy adelantada que esté la ley francesa (que por desgracia lo está, ha sido aprobada y tiene plazos muy concretos), el Gobierno español -quizá el que venga, porque el actual ya está para pocos trotes-  debe negociar con Francia la abolición de ese atentado a la economía de los transportistas y de todos los españoles. Porque, mientras nosotros tendremos que pagar en territorio galo, los camiones franceses, salvo los que opten por utilizar autopistas de peaje, rodarán por España gratis total. Sinceramente, nos parece una arbitrariedad, una burla y una injusticia.