El peor PER de la Junta

Con toda la (mala) literatura y la pésima fama que lleva consigo, una de las peores taras que sufre Andalucía no es, como dice José Antonio Durán y Lérida, el PER y su fraude, sino otros "peres" mucho más dañinos que la Junta de Andalucía viene perpetrando desde hace años con total impunidad. Al fin y al cabo, el AEPSA (más conocido como PER) no es sino un pequeño subsidio de desempleo que se le da a los jornaleros del campo que no alcanzan las jornadas de trabajo suficientes como para poder cobrar el paro que disfrutan otro tipo de trabajadores españoles. Es cierto que existe una corrupción bastante generalizada en muchos pueblos del interior de Andalucía donde ayuntamientos, empresarios agrícolas y jornaleros colaboran bajo cuerda para firmar peonadas falsas que favorezcan el cobro de este subsidio. Ello, naturalmente, implica que algunas administraciones controlen unos fondos con los que premiar y castigar a sus posibles votantes. Se trata de una corrupción institucionalizada que ha provocado una fuerte dependencia del partido que, durante más de treinta años, ha gobernado Andalucía y ha sido dueño absoluto de esos fondos. Hasta ahí, de acuerdo con los líderes catalanes de Convergencia y Unión, pero ni es cierto que todo el que cobra el PER está defraudando al Estado ni lo es que este sistema sea malo intrínsecamente. Sin él muchos de los pueblos andaluces se hubiesen visto abocados a la despoblación.

Otra historia es la de los conocidos como los EREs fraudulentos. Ahí sí que no caben excusas. En teoría se trata de un sistema creado por la Administración para ayudar a las empresas en crisis y ayudarlas para evitar el cierre traumático de las mismas. Hasta ahí nada que objetar. Pero se ha demostrado que ha sido utilizado ladinamente para pagar con dinero público servicios prestados por individuos afines al partido o miembros destacados del mismo. Personajes como los propios ex consejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera (éste último, además, secretario general del PSOE de Sevilla), ex alcaldes socialistas como los de El Pedroso o Cazalla de la Sierra, familiares y amigos se han visto beneficiados por un "fondo de reptiles" que investiga la jueza Mercedes Alaya y que puede acabar dándole la puntilla a un partido que hasta ahora había sido hegemónico e intocable en Andalucía y cuyas vergüenzas comienzan a salir a la luz pública.

Ahora salen a la luz otros casos de EREs fraudulentos en los que los beneficiados fueron dados de alta el mismo día de nacer. Curioso ¿verdad? Esta vez no ha sido la juez Alaya la que ha descubierto el 'milagro'. Ha sido el equipo de funcionarios que la Consejería de Empleo que revisan la documentación de los Expedientes de Regulación de Empleo financiados con cargo a la partida 31L antes de enviársela al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. En ese examen se detectaron cuatro irregularidades en el ERE de 2003 de la empresa Valeo Iluminación, ERE que afectó a 50 personas. En tres de ellas coincidía la fecha de nacimiento con la de ingreso en la empresa, mientras que una cuarta fue añadida con posterioridad y no figuraba en el listado de los empleados. Cuando el ex consejero de Empleo Antonio Fernández se acogió al ERE que González Byass presentó en abril de 2008, la fecha de antigüedad en la bodega era idéntica a la de su nacimiento -16 de julio de 1956-. Naturalmente, el tiempo es importante para la cuantificación de pensiones e indemnizaciones. En ese caso, los datos de los otros 93 trabajadores sí eran correctos. Estos tres trabajadores 'nacidos' en la fábrica de Valeo en Martos "estaban incluidos en el grupo profesional de obreros y en el boletín de adhesión al expediente presentado en la Consejería de Trabajo de la Delegación provincial de Jaén; se reflejaba que habían nacido en 1971, 1973 y 1978. Como es lógico, con estos datos no podrían cumplir los requisitos para acogerse al ERE que en el acta de acuerdo entre la empresa y los sindicatos fijaba que a 31 de enero de 2004 los beneficiarios tendrían que tener cumplidos los 56 años -nacidos, por tanto, antes del 31 de enero de 1948-. Pese a ello, aparecen en el acta final con más de 56 años a la fecha acordada y el coste de sus pólizas ascendió a 97.687 euros, 118.425 y 93.338. Al ERE original, que era para 50 trabajadores de la factoría, se añadió un acta complementaria con otro empleado un mes después de la firma. El ERE de Valeo Iluminación contó con financiación del 'fondo de reptiles'. El convenio entre la Junta de Andalucía y el IFA para la gestión de las ayudas socio laborales se firmó el 4 de febrero de 2004. Las pólizas se suscribieron con la compañía Vitalicio y el coste ascendió a 4.784.302 euros, de los que la Consejería de Empleo se comprometió a desembolsar 2.724.002 euros.

El asunto clama al cielo. Dirán que ha sido la propia Administración quien ha descubierto el fraude, pero la pregunta es ¿cómo la Junta se dejaba engañar tan fácilmente? Pues simplemente porque existían mecanismos y órdenes superiores para que así fuese. Alguien debe tener no sólo responsabilidades políticas sino también penales en toda esta estafa al erario público y ese alguien debería pagar por estafar a los andaluces, sobre todo a ese millón de andaluces que sufre en sus carnes la crisis y que están en paro, muchos de ellos sin percibir ni un euro para sacar adelante a sus familias. Va siendo hora de que algunos políticos no se vayan de rositas y paguen los desmanes causados. La Justicia tiene ahora la última palabra.