El Gobierno cumple propósitos defendidos en la oposición

Algunas cosas resultan obvias, en el comportamiento del nuevo Gobierno: el diputado Cosidó que, semana tras semana, acusaba a los responsables de la lucha antiterrorista del caso del presunto chivatazo a ETA conocido como Caso Faisán, se ha convertido en director general de la Policía, y ha cesado a todo el equipo de su antecesor. Las autonomías del PP, que venían reclamando al Gobierno de Zapatero más tiempo y facilidades para devolver la deuda que tienen con el Gobierno central, han conseguido esa aspiración. Y no digamos el muy deudor alcalde de Madrid, Gallardón, hoy ministro, que también pedía facilidades para la deuda que había acumulado en la capital. Y tercer "deseo conseguido": las teles autonómicas podrán privatizarse...

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que aplazará diez años la devolución correspondiente a las administraciones públicas de los pagos a cuenta al Estado, una medida se toma para que las administraciones puedan promover una financiación "adecuada" en la provisión de los servicios públicos. En resumen, que el Gobierno ampliará de cinco a 10 años el plazo que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos para devolver el dinero de los anticipos a cuenta que recibieron del Estado y que sólo en el caso de los Gobiernos regionales supone unos 24.000 millones de euros. Según Montoso, se trata de "favorecer la liquidez de las comunidades y las corporaciones locales para que puedan financiar servicios públicos básicos". En la reunión que mantuvo Montoso el jueves con los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP para exigirles rigor presupuestario y control del gasto, ya les transmitió que, pese a todo, el Gobierno no iba a permitir que ninguna comunidad incurriera en quiebra, y que estudiaba medidas para favorecer su liquidez. Ese aplazamiento de las devoluciones de los anticipos a cuenta venía siendo reiteradamente solicitado por los ayuntamientos y las comunidades ya al Gobierno socialista, al que en algunos casos acusaban de hacer unas previsiones infladas de recaudación tributaria en los últimos dos años que tenían como consecuencia un saldo negativo para ellas.

Sobre estas previsiones, el Gobierno transfería adelantos a las corporaciones locales y haciendas autonómicas de la parte que les correspondía por los ingresos del Estado , pero al no cumplirse la previsión de recaudación, al final del ejercicio se encontraban que tenían que reingresarlo cuando normalmente ya lo habían gastado. Montoro también se ha referido a la ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé establecer techos de gasto para todas las administraciones, y sanciones para quienes no cumplan los objetivos de déficit. Una ley "importante", valoró Montoso, que equilibrará los presupuestos, devolverá la confianza a los españoles y hará que los bancos vuelvan a conceder créditos bancarios a los empresarios. "Desde el Gobierno queremos insistir en el compromiso de todos de volver a la senda del equilibrio presupuestario", añadió el ministro, que también señaló que el equilibrio de los presupuestos generará, entre otros aspectos, garantía para las inversiones del extranjero. Montoro indicó que la intención del Gobierno es trabajar en la reducción del déficit público de las Comunidades Autónomas garantizando los servicios públicos en España, y añadió que se garantizará, entre otros aspectos, la sanidad pública, así como las prestaciones sociales. Montoso ha vuelto sobre al déficit heredado y  sobre la "sorpresa" que ha sindicado ese " agujero negro del déficit oculto", que ha cifrado en 20.000 millones de euros. Montoro sostiene que, al final de la legislatura, "habrá vuelto el empleo y el crecimiento", y añadió que las cuentas públicas estarán saneadas y que los ciudadanos pagarán menos impuestos que ahora.

De otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este viernes,  en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la decisión de cambiar la Ley General Audiovisual con el fin de abrir la puerta a la privatización de los televisiones autonómicas. "Queremos ayudar a las Comunidades Autonómicas, que dentro del marco de su estatuto, pueden elegir los modelos de gestión que sean más eficaces y eficientes para los canales autonómicos. El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para modificar la Ley Audiovisual y que se posibilite la entrada de capital privado en las autonómicas. Para modificar la Ley se requiere de informes previos de los organismos reguladores competentes, esto es, de la CMT y la CNC. Una vez que se reciban sus informes, se estudien, y en caso de ser necesario se incorpore algo nuevo, el anteproyecto se remitirá al Congreso de los Diputados. Según  explicó la vicepresidenta, no se establece por ley ninguna obligación a las Comunidades Autónomas, pero lo que se pretende es "buscar la viabilidad de estas televisiones autonómicas. Se amplían las posibilidades de como gestionarlas: bien directamente o de forma privada". "No hay una fórmula cerrada. Hay Comunidades que establecen en sus estatutos la gestión directa de estos canales. Y así seguirá. Otras no lo precisan. En estos momentos, ante la oferta telelevisiva, se les concede un amplio margen de decisión para determinar formas de gestión directas o indirectas". En su programa electoral, el PP ya consideraba la posible entrada de capital privado en la gestión de las televisiones autonómicas. Para ello, era necesario cambiar la Ley Audiovisual, algo que el Gobierno ha llevado a cabo en su tercer Consejo de Ministros. "Como era uno de nuestros primeros compromisos electorales, por eso se ha tramitado con cierta agilidad". Según datos de Uteca, la patronal de las cadenas privadas, en 2010, las televisiones públicas recibieron 1.918 millones en subvenciones y tasas, más 396 millones en aportaciones patrimoniales. Durante 2010 sus pérdidas fueron de 536 millones de euros, cifra que se dispara hasta los 2.454 millones si se descuentan las subvenciones recibidas. Además, la deuda de los operadores públicos autonómicos asciende a 1.630 millones. Gran parte de esa deuda corresponde a la televisión valenciana (1.300 millones) y a Telemadrid (245 millones).
Actuaciones obvias, y consiguientemente, de fácil y rápida ejecución.
JOSÉ CAVERO