El Jefe del Grupo de Intervenciones y Análisis de Comunicaciones de la UDEF en el "caso Gürtel", Manuel M.T., que fue quien ejecutó la grabación de los encuentros que los cabecillas de la trama mantuvieron en prisión con sus abogados, ha manifestado este miércoles ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que el juez Baltasar Garzón le dijo expresamente y "de qué manera" debía preservar el derecho de defensa de los imputados al realizar las escuchas.
El agente ha comparecido como testigo de la acusación y de la defensa durante la segunda jornada del juicio que se celebra contra
Garzón en el Tribunal Supremo por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado dichas intervenciones, unos hechos por los que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 17 años.
A preguntas de
Ignacio Peláez, que ejerce una de las acusaciones particulares en esta causa, el funcionario señaló que el juez suspendido de la Audiencia Nacional le explicó expresamente que la claúsula para la preservación del derecho de defensa "era el marco" por el que se tenían que "guiar".
El policía ha reconocido ante el alto tribunal que era la primera vez que realizaba unas escuchas en prisión en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, si bien tan sólo llevaba en la UDEF unos años y desconocía si ésto suponía una novedad.
Además, ha recordado que él pidió expresamente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que le aclarara el significado de la claúsula dirigida a preservar la actuación de los abogados. Garzón le contestó que era a él, como juez instructor, quien "asumiría ese rol a la hora de valorar lo que pudiera o no pudiera afectar a ese contenido".
También a preguntas de la acusación el testigo ha reconocido que el criterio que se adoptó para realizar las escuchas no difería por el hecho de que hubiera abogados presentes en las conversaciones, y que fue el "habitual". "Se seguía la dinámica de las intervenciones telefónicas convencionales, se reservaba la intimidad de las personas porque las partes personales y sin interés en la investigación no se aportan al procedimiento, quedan en el círculo privado".
No controlaban si los escuchados eran o no letrados Únicamente se aportaban, según este testigo, aquellas conversaciones que a su juicio tenían que ver sobre el objeto que se está investigando. Tampoco se tenia control sobre quien accedía a los locutorios, es decir, si los que se entrevistaban con los presos eran o no letrados, según ha reconocido el funcionario ante la Sala.
El miembro de la UDEF ha reconocido que a veces es difícil discriminar entre lo que es o no privado en una intervención "porque en una conversación de dos horas a veces los temas se entrecruzan, y para dar sentido lógico a las frases hay que incluir giros o expresiones para dar sentido a las frases". Lo que sí aseguró es que los criterios fueron los mismos cuando el caso lo instruía Garzón que cuando la investigación pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que se acordaron con los responsables del centro penitenciario.
Posteriormente, según ha explicado el testigo, un agente de la UDEF se personaba en el centro penitenciario para recoger los CD con las grabaciones, si bien el original quedaba en el disco duro del ordenador del centro, al que su unidad no tenía acceso.
El más incisivo en sus preguntas a este testigo fue el abogado
José Antonio Cloclán, que acusa en representación del presunto "cerebro" de la Gürtel, Francisco Correa, que inquirió por las razones por las que este funcionario había preguntado a Garzón qué significaba preservar el derecho de defensa en las escuchas. El funcionario le contestó que su petición se enmarcó "en la relación de fluidez con el juez, es algo habitual, la claúsula no era nada rara".
A preguntas de fiscal Antolín Herrero, el agente de la UDEF señaló que no existe ningún medio técnico que permita discriminar determinados fragmentos de una conversación intervenida "sin intervención humana".
Finalmente, el abogado de Garzón,
Francisco Baena Bocanegra, ha inquirido al testigo sobre la forma de actuar de los intervenidos, a lo que el funcionario ha respondido que los imputados de la "Gürtel" respondían a los "parámetros delincuenciales típicos" de un grupo organizado. También ha reconocido que llevaba tiempo entregar los informes sobre las escuchas, una cuestión que anteriormente había quedado en el aire en relación con la posibilidad de que Garzón hubiera tenido acceso a las escuchas antes de interrogar a imputados como
José Luis Ulibarri, cliente de Peláez.
La trama buscaba mantener su patrimonio Según ha reconocido este funcionario policial a preguntas del abogado de Garzón, las conversaciones intervenidas pusieron de manifiesto que el objetivo de dos abogados de la trama era el de "preservar el patrimonio" de la organización. Se daban poderes a testaferros y se organizaban otras acciones dirigidas a este fin, y estas actuaciones se aceleraron tras la detención de los "cabecillas".
Además, el resultado de dichas escuchas no se plasmó en ninguna diligencia judicial, según ha afirmado este testigo. El objetivo del equipo de investigación era el de evitar una evasión del patrimonio de la trama, ha insistido, y encontraron "interesante" la adopción de medidas de control de los internos, por lo que solicitaron verbalmente a Garzón la adopción de esta medida, cuya prórroga solicitaron a Antonio Pedreira, a quien correspondió posteriormente la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En esta causa se investiga si el magistrado prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.
Los fiscales
Pilar Fernández Valcarce y
Antolín Herrero piden la absolución, mientras que Ignacio Peláez pide que sea inhabilitado durante 10 años, y los imputados en el caso 'Gürtel'
Francisco Correa y
Pablo Crespo solicitan que dicha inhabilitación se prolongue entre los 15 y los 17 años.
El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias.
Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
El tribunal que juzga los hechos se encuentra formado por los magistrados
Joaquín Giménez, Luciano Varela, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo y
Miguel Colmenero, quien será el ponente de la sentencia sobre las escuchas de la Gürtel.
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