Un juzgado de Madrid investiga una supuesta trama de corrupción en la Policía

Según ha sabido Diariocrítico de medios policiales, la denuncia, anónima, fue trasladada a la actual Dirección General de la Policía desde la Intervención Delegada de Hacienda. La Dirección General procedió a enviarla a Asuntos Internos de la Policía, la cual la trasladó inmediatamente a la Fiscalía Anticorrupción. Tras estudiarla, la Fiscalía la remitió a los Juzgados de Instrucción de Madrid, recayendo el asunto en el juzgado número 26, que ya ha abierto diligencias previas.

Según la denuncia anónima, multitud de grandes contratos realizados durante los ejercicios de 2010 y 2011 se troceaban en varias adjudicaciones separadas para poder ser concedidos sin publicidad, es decir, a dedo, y los honorarios de los facultativos de obra se inflaban de tal forma que llegaban a alcanzar hasta el 30 % del coste del proyecto.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), al que también le llegó la denuncia anónima, la remitió este martes a la Fiscalía Anticorrupción, si bien el asunto ya estaba siendo instruido, cosa que el SUP no sabía dado el secreto con el que el titular del Juzgado número 26 lo está investigando.

En la denuncia se dice que durante los últimos años se han adjudicado contratos a "empresas amigas o compinchadas", simulando adjudicaciones menores, o bien fraccionando un presupuesto en varios menores y así adjudicarlos a otro amigo, o bien inflando los honorarios facultativos hasta llegar a más del 30 % de la ejecución material de una obra.

Según esa misma denuncia, a la que ha tenido acceso Diariocrítico, durante al menos los ejercicios de 2010 y 2011 -es decir, en la última etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y la de su sucesor en el cargo, Antonio Camacho-, se habrían amañado concursos de obras para que determinadas empresas y personas se beneficiaran de forma supuestamente ilícita.

"En todos los casos estas irregularidades están bien dirigidas siempre a las mismas empresas, que son bastantes, y a los mismos técnicos, circunstancias que implican la connivencia del técnico que lleva la zona geográfica y el jefe del Área, que tienen en común que ninguno de los dos son policías, y al parecer su código de compromiso con la institución deja mucho que desear", dice la denuncia, que lleva por encabezamiento el siguiente título: "Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía".

En el mismo se afirma que se tiene constancia de la "continua práctica de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios de técnicos y consultorías", que debido a "su falta de transparencia, a la no concurrencia de ofertas reales (pues todas son amañadas de antemano) y al impulso de expedientes que no procede su gestión al estar ya incluidos en otros, vienen acarreando graves perjuicios económicos a la Administración".

Dice el escrito que, bien por escoger ofertas muy elevadas fuera del precio de mercado en el caso de obras, o por "elegir direcciones facultativas interrelacionadas con técnicos del citado departamento (es públicamente conocido que reparten honorarios por asegurar los contratos con los técnicos externos) que gravan los contratos con sobrecostos que no se producirían si toda la gestión de obras y proyectos se realizara con verdadero interés para la administración, con concurrencia de ofertas reales y no amañadas y no dirigir o preparar las adjudicaciones a empresas y técnicos que siempre resultan ser los mismos, bajo falsos pretextos de que dan un buen servicio".

El escrito-denuncia no da nombres concretos -más allá del departamento en cuestión-, pero sí una relación de estudios de arquitectura y de empresas que suelen ser las adjudicatarias de obras en localidad de lo más dispersa.