¿Qué está pasando en Valencia?

El pasado día 15, un grupo de alumnos del instituto Lluís Vives de Valencia, para protestar por la falta de calefacción en las aulas (los responsables políticos no habían pagado el suministro para mantener dicho servicio), deciden organizar una sentada frente al mismo cortando el tráfico de vehículos en la calle. No han comunicado que se iban a concentrar ni menos que iban a producir un corte de tráfico, con las consiguientes molestias para otros ciudadanos.

La actuación policial ese día fue la lógica, proteger a los jóvenes durante bastantes minutos para impedir que algún conductor despistado los atropellara y después pedirles que abandonaran la calzada y pasaran a ocupar la acera. Este es un vídeo que acredita dicha intervención policial y está colgado en la página www.sup.es.

Al negarse los alumnos a desalojar la calzada fueron siendo retirados uno a uno, hubo algún conato de resistencia, algún empujón, los insultos de "fascistas terroristas" que nos dirige un determinado sector muy concreto de la sociedad (marginal y violento) pero una correcta actuación policial. Ello no impidió que se escribiera en algunas redes sociales y se difundiera en otros medios que se produjo una "carga policial violenta" "brutal paliza a menores" o "patadas en la cabeza" que nunca existieron, pero fruto de la reiteración, como decía ese ministro de propaganda de Hitler, la repetición de una noticia falsa puede hacer que muchos crean que es verdad. Y muchos lo creyeron. Alguien manipuló intencionadamente lo ocurrido para crear el caldo de cultivo de la confrontación con la Policía. Esto suelen hacerlo normalmente radicales antisistema, shinhead o redskins modernos que usan las redes sociales para divulgar mentiras que acaban creyendo muchos incautos. El caldo de cultivo estaba creado. Este primer día hubo algunos detenidos y los jóvenes menores creían que, por ser menores, podían cortar el tráfico, oponer resistencia, y no cumplir ninguna de las instrucciones que les deban los policías, agentes de la Autoridad, para restablecer la normalidad. Alguien les había informado mal.

El jueves y viernes hubo más incidentes en Zapadores, la policía estuvo pasiva hasta que algún mando policial que intentaba calmar los ánimos fue empujado y arrojado al suelo, se intentó detener al autor de la agresión, eso provocó la reacción de los concentrados y hubo más detenidos y policías heridos. Pero el clima creado con las mentiras del primer día de brutalidad policial, patadas en la cabeza, maltrato a menores... ya había calado y cualquier actuación policial era observada bajo ese prisma. De esos incidentes tampoco tenemos constancia de ningún exceso policial. Se han difundido profusamente fotografías de una mujer con una herida en la cabeza, con siete puntos de sutura, y aunque ya hay muchos dando fe de que es fruto de un golpe con la defensa policial reglamentaria, está por ver que el forense lo acredite porque nos parece casi imposible, por el material de nuestras defensas, que un golpe en la cabeza provoque una herida abierta como esa. Otra cosa es que en los empujones y altercados producidos la herida se cayera o golpeara contra un objeto contundente capaz de provocar dicha herida.

Llegan las manifestaciones del domingo 19 y salvo algún grito aislado, no hay el más mínimo incidente.

Y lo de ayer, las cargas, justificaciones y conveniencia de haber actuado como se hizo es un punto de inflexión, habiendo pasado de tener toda la razón a empezar (o acabar) de perderla.

Lo primero que hay que valorar es que cortar una calle al tráfico, quemar contenedores y arrojar botellas y otros objetos a la Policía no es ningún derecho constitucional ni democrático. Eso no está en nuestras normas y son atentados contra la convivencia. Harían bien quienes se dan mucha prisa en atacar y denunciar a los policías en dejar esto claro porque de momento no se lo hemos oído a nadie.

Dejando claro lo anterior, lo siguiente a valorar es si por un corte de tráfico, en el ambiente artificialmente creado y con los efectivos que había, se debe ordenar una carga policial para restablecer el tráfico, o si eso es, dicho vulgarmente, "matar moscas a cañonazos". Porque el fin que se pretendía, restablecer una calle al tráfico, era menos importante que no provocar un clima de crispación, heridos y violencia que es bastante más perjudicial para la convivencia que el que esa calle estuviese una o dos horas más sin circulación.

Quien dio la orden de cargar (la Delegada del Gobierno y el Jefe Superior de Policía) cometieron un grave error. No se puede hacer. El principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver.

El número de efectivos disponible para eso era claramente insuficiente. Aunque hay quienes, por ignorancia, critican el excesivo número de policías en algunos despliegues, más policías es igual a menos violencia policial. Si se recibe la orden de abrir al tráfico una calle y tienen que hacerlo cincuenta policías solo pueden hacerlo cargando, a la carrera, y golpeando a las personas con la defensa reglamentaria (en esto también ha habido algún comportamiento que no se ha atenido a lo dispuesto en el protocolo de actuación); si en vez de 50 son 300, forman un cordón y andando restablecen la circulación sin dar un solo golpe. Mala planificación, sin medios, decisiones erróneas y peor explicación. Y no puede haber cuatro periodistas golpeados porque van a informar, no a manifestarse.

La intervención del Jefe Superior de Policía ha venido a arrojar más gasolina al fuego. Comparece sin uniforme refiriéndose a los manifestantes como el enemigo, en lenguaje claramente del pasado. No es un nombramiento del actual Gobierno sino del anterior, y su gestión de la crisis (junto con la Delegada del Gobierno) ha sido un fracaso.

Las declaraciones de hoy del ministro del Interior diciendo que la actuación policial tal vez ha sido excesiva es un acto de cobardía política y personal, porque si ha sido excesiva debe empezar por cesar a la máxima responsable política, la Delegada del Gobierno, y después por fijar protocolos de actuación adecuados a esas situaciones, que no existen. Y después iniciar una investigación sobre todos los hechos ocurridos, disponer que se graben todas las actuaciones, e impartir instrucciones a los delegados del Gobierno, jefes superiores y responsables de las UIPs de cómo hay que actuar en los conflictos que sin duda se van a repetir en el futuro inmediato.

Descargar toda la responsabilidad en que la actuación de la Policía ha sido excesiva es políticamente cobarde y moralmente miserable.
La Policía sabe, puede y debe hacerlo mejor que lo hizo ayer en Valencia. Hay que disponer del número de efectivos suficientes, de la flexibilidad necesaria, la intervención con el uso de la fuerza mínima imprescindible y la identificación y detención de los autores de agresiones y provocadores de altercados.

No hay que despreciar el clima de rechazo a la Policía por los jóvenes que, por aplicación torticera de la ley 1/92 (popularmente conocida como Ley Corcuera), sufren decenas de identificadas indiscriminadas en cualquier lugar, bocas de metro, parques públicos, puertas de centros de ocio o en cualquier calle, por la política de seguridad implantada de justificación estadística, que lleva a que en España haya cada año millones de personas identificadas sin ninguna justificación. Años llevamos denunciado esta práctica errónea, que atenta contra los derechos civiles de los ciudadanos y contra la seguridad jurídica de los policías sin que nadie, ni el fiscal general del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni los grupos parlamentarios hayan actuado desde que, en enero de 2009, los sindicatos pusimos estos hechos en su conocimiento.

Hay que mantener la seguridad, gestionar los espacios públicos para que sean de todos y hacerlo utilizando la fuerza proporcionalmente necesaria para ello. Ni más ni menos.


(*) José Manuel Sánchez Fornet es secretario general del Sindicato Unificado de Policía