¿Somos mejores que los griegos?

La crisis griega comenzó, ¿recuerdan?, con la falsificación masiva de datos económicos por el Gobierno mientras los ciudadanos vivían como marajás, defraudaban al fisco, recibían fantasiosas subvenciones y practicaban un creciente absentismo laboral.

Desde entonces, la otra Europa, la de los contribuyentes austeros y honrados, lleva enterrados miles de millones en el sumidero griego sin ningún resultado. Eso sí: los beneficiarios de ellos protestan por no poder vivir al fraudulento ritmo de antes, se manifiestan en la calle, hacen huelgas generales y no se ponen a reparar el desastre causado entre todos.

Salvando las distancias -pocas-, es lo que se ha encontrado el Gobierno español, con un déficit público muy superior al anunciado y en el que han participado todos: Estado y Comunidades Autónomas, gobiernos del PSOE y del PP.

En este masivo despropósito, los ciudadanos hemos sido coherentes con nuestros gobernantes, con una evasión fiscal de 72.000 millones y una deuda de empresas y familias que no se la salta un galgo.

Claro. Es que hemos vivido una época en la que sólo ha habido derechos sin la contrapartida de obligación alguna: derechos a subvenciones inverosímiles, a financiar indefinidamente el fracaso escolar, a la medicina más costosa de Occidente, a instalaciones olímpicas en pueblos sin atletas...

Ahora, cuando hay que pagar aquello que disfrutábamos a crédito, nos ponemos como panteras y repetimos insistentemente el mantra del recorte de derechos. ¿Pero cuál es de verdad el límite de tales derechos? ¿A qué puede aspirar una sociedad si no genera los recursos necesarios para ello?

Ése, y no otro, es el verdadero debate que nadie parece dispuesto a afrontar.     

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