YPF no es un servicio público

La canciller argentina, Cristina Fernández de Kirschner, ha presentado -con ese estilo deliberadamente confuso y populista que a veces tanto le gusta- la idea de una intervención en YPF, la filial porteña de Repsol.

Aunque YPF mantiene bajo gestión contratos de suministro con algunos gobiernos regionales argentinos, esta colaboración pactada con las administraciones regionales -que incluye obviamente reglamentaciones sobre la cantidad y la calidad de los servicios a prestar en cada caso- en modo alguno debe asimilarse a la idea de que YPF es un servicio público, y menos aún interpretarse como una vía para la nacionalización de la compañía por un deficiente cumplimiento de los contratos citados.

El enfoque nacionalista y nacionalizante sobre YPF de la canciller argentina es anacrónico,inconveniente y lesivo para Repsol, que es una empresa de capital privado cuya estrategia corresponde en exclusiva a sus propios accionistas y no al Estado argentino. Además, las ambiguas declaraciones de Fernández de Kirschner en este caso favorecen de forma alarmante la percepción de que las empresas de capital privado foráneas quizá no gocen de la suficiente seguridad jurídica para hacer negocios en ese país. El verdadero asunto que se ventila lo ha dejado claro el ex secretario de Energía Daniel Montamat, al señalar que "el problema energético viene desde que arrancó esta gestión y no se va arreglar en un día, sino con un plan de inversiones que ofrezca un horizonte claro". Por su parte, Daniel Kerner, de la consultora en riesgo político Eurasia Group, ha señalado que "la nacionalización es improbable, pero el Gobierno está presionando a YPF para que invierta más". Podría ser razonable y discutible que YPF invierta más en redes en Argentina, pero eso nada tiene que ver con una nacionalización cuya sola mención ya resulta disparatada.


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