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OPINIÓN/Víctor Gijón

Responsabilidades medioambientales

Responsabilidades medioambientales

martes 16 de octubre de 2007, 14:29h
Actualizado: 17 de octubre de 2007, 07:11h
Cada vez que los tribunales le hacen un siete a la política urbanística o medioambiental del Gobierno regional, el PP se llama andana. Tal parece como si desde que en 1983 se constituyó el primer Gobierno regional, v a hacer pronto un cuarto de siglo, los conservadores hubieran estado en la oposición. Pero sólo llevan cuatro años y unos meses sin poder.
De lo ocurrido antes de 1999 el PP tiene toda la responsabilidad y no puede mirar a otro parte. Pero es que, y lo ocurrido en Las Llamas es un ejemplo, la capacidad de los populares para saltarse al ley a la torera sigue en plenitud allí donde tiene posibilidad de hacerlo.

La casualidad ha querido que el mismo día en que el Grupo Parlamentario Popular denunciaba que el Gobierno cede al chantaje de Arca por cumplir una sentencia judicial --la que declara ilegal y manda demoler la depuradora de Vuelta Ostrera-- el Ayuntamiento de Santander, gobernado por el PP, fuera pillado en falta por la Confederación Hidrográfica del Norte, que ordena el derribo de una parte de las obras realizadas en la Vaguada de Las Llamas.

 Y no es que el gobierno municipal no fuera advertido de la ilegalidad de modificar el cauce del arroyo que atraviesa Las Llamas. Pero la prepotencia, agudizada por las prisas electorales, consistentes tanto en la necesidad de cortar cintas para pedir votos como de hacer obra para que las empresas constructoras amigas estuvieran contentas y fueran generosas, hizo que Gonzalo Piñeiro e Iñigo de la Serna, alcalde y sucesor, supuesta cara y cruz del PP santanderino, hicieran causa común desoyendo las advertencias ecologistas.

¿Es ARCA una asociación chantajista como afirman los populares? Más bien habría que convenir que son el David que vence una y otra vez a Goliat. Porque ¿cómo es posible que una pequeña organización, que se financia con las cuotas voluntarias de sus simpatizantes, pueda derrotar una y otra vez a poderosas instituciones regionales y municipales? ¿No será porque tienen razón en lo que plantean --al menos eso es los que creen los jueces--, mientras que las administraciones condenadas actúan irrazonablemente?

Pero más allá de interpretaciones sobre motivaciones y razones últimas el hecho cierto es que tanto en Vuelta Ostrera, proyecto diseñado y ejecutado con gobiernos del PP en Cantabria y España, o en el Parque de Las Llamas, proyecto diseñado y ejecutado con el Gobierno municipal del PP, no se ha cumplido la ley y la norma.
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