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Rajoy frente a Rato

Rajoy frente a Rato

martes 08 de mayo de 2012, 09:36h
Hay un clamor en España sobre la necesidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy explique mucho más y mejor las medidas que adopta y las necesidades que obligan a hacerlo. El desgaste más acusado para el Ejecutivo popular se centra en las decisiones contrarias a lo que había prometido en la campaña electoral o en el debate de investidura como ha sido la subida de los impuestos. Rajoy ha querido zanjar el problema de la comunicación y ha comenzado con una entrevista en Onda Cero en la que ha dejado claro que, tal y como se ha encontrado la situación de España "pensaba en un catarro y me he encontrado con una neumonía", su intención es firme "haré cualquier cosa aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo voy a hacer".

Su intervención tiene el objetivo de recuperar la credibilidad pública interna y demostrar su acción constante de gobierno frente a los maledicentes que le tildan de indeciso. Pero, sobre todo, ha ido acompañada de la decisión trascendental de solucionar el problema de Bankia, el más acuciante del sistema financiero español denunciado por los organismos internacionales, con la aseveración de que no renunciaría a inyectar dinero público a los bancos "si fuera necesario para salvar el sistema financiero". Rajoy afronta una de las grandes tareas pendientes para sentar las bases de la recuperación económica que requiere el saneamiento de las entidades financieras, con un importante pasivo inmobiliario, que permita la recuperación del crédito en condiciones asumibles para promover la actividad económica de  autónomos y pymes, creadores de la mayor parte del empleo en España.

En círculos políticos se comentaba que Rajoy no se atrevía con Bankia porque estaba presidida por Rodrigo Rato. Al final, la realidad demuestra que Rajoy administra los tiempos como mejor le parece o puede, y que todo llega en su momento. El siguiente capítulo consiste en ir progresando en la revisión del funcionamiento de las autonomías. Un gran reto imprescindible que precisa del consenso más amplio posible de todas las fuerzas políticas que son responsables de garantizar unas estructuras del Estado viables, sostenibles y eficaces para los próximos 30 años.
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