El PP rechaza ahora regular el uso de medios de transporte, como el Falcon, en campaña

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas ha debatido las propuestas de resolución de los distintos grupos en relación con el informe de este órgano fiscalizador sobre la contabilidad de los partidos en la campaña de las elecciones europeas, cuando saltó la polémica al denunciarse que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había utilizado un avión Falcon del Ejército del Aire para viajar a ciudades en las que participaba en mítines del PSOE.

   El Tribunal de Cuentas defendió la conveniencia de que "todos los transportes, cualquiera que sea el elemento de locomoción que se utilice en campaña electoral y precampaña", fueran definidos como gasto electoral para que pueda ser controlado y fiscalizado. Es decir, que no afectaría sólo a los medios públicos que usan los miembros del Gobierno sino a todos los desplazamientos que realicen los distintos líderes políticos para participar en la campaña.

   El presidente de esta institución, Manuel Núñez, trasladó su petición al Parlamento cuando presentó dicho informe ante las Cortes: "En relación con la utilización de medios públicos para desplazamientos de autoridades, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales, se recomienda una regulación específica que elimine las incertidumbres dado que la Le Electoral considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido".

Tres años después, sigue sin afrontarse la cuestión

   Lo cierto es que, desde aquella polémica de 2009, los partidos no han dado cumplimiento a esa recomendación del Tribunal de Cuentas, y todo ello pese a que por medio hubo una revisión general de la Ley Electoral, y que ahora se está tramitando en el Congreso una reforma de la Ley de financiación de partidos políticos.

   El PSOE alegó desde el Gobierno que sería "muy complicado" regular el uso de medios públicos por parte de los políticos para ir a mítines alegando que habría que elevar el techo de gasto electoral permitido, ya que tendrían que contemplarse como electorales gastos como el uso que un alcalde hace de su coche oficial para ir a actos de su partido o incluso el coste de los escoltas de cualquier cargo político, y hasta el coche de éstos, cuando le acompañan a un acto electoral.

   El PP, que ahora está en el Gobierno, defendió en la oposición una iniciativa reclamando un régimen jurídico "completo" sobre el uso de aviones militares "para fines exclusivamente privados o partidistas" por parte del presidente y otros miembros del Gobierno y altos cargos. Planteaba que, si se acreditan "razones de interés objetivo", como motivos de seguridad, que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifique el uso de aviones militares para fines privados o partidistas, los gastos sean reembolsados por la persona, institución o partidos que los utilice.

   Cuando ha llegado el momento de presentar propuestas de resolución en el Parlamento sobre este informe, ha sido el PSOE el que ha lanzado la propuesta de regular de una vez  estos gastos. Sin embargo, el PP ha votado en contra alegando que el uso de estos medios de transporte sólo afecta a los cargos públicos y que sería muy complejo diferenciar cuál es el uso privado o de partido de los mismos.

Otras propuestas

   El PP también ha rechazado por innecesaria la segunda propuesta del PSOE, que pedía prohibir que las fundaciones privadas puedan aportar dinero para cubrir gastos de la campaña electoral de las formaciones políticas, reclamando incluso sanciones. Según los 'populares', el uso indebido ya está contemplado en la legislación.  

   La Comisión Mixta sí ha aprobado las propuestas de PP, que se limitan a pedir a Interior el abono de las subvenciones pendientes de los partidos y a instar a las formaciones políticas a cumplir con las normas de contabilidad que establece el Tribunal de Cuentas.

   Igualmente, y a instancias de UPyD, se ha instado al Tribunal de Cuentas a reclamar al Banco de España cuanta información le sea solicitada sobre la deuda de los partidos y a realizar un análisis de la relación coste/beneficio del envío de papeletas a los electores, lo que se conoce como 'mailing'.

Lea también:

> Im- presentable: Al PP en el Gobierno ya no le preocupa el 'falcongate' de ZP
- El PSOE intenta recibir más subvenciones públicas por la 'puerta de atrás'