¿Qué responsabilidad tiene un político?

Acabáramos. Son como el sexo de los ángeles, como las almas del purgatorio. Inocentes, incautos y, eso sí, llevándoselo calentito. Los políticos por el mero hecho de haberse presentado en una lista y haber sido votados en las urnas no tienen responsabilidad alguna en sus actos. Están por encima el bien y del mal. Así lo entienden la mayoría de ellos y así nos va a los gilipollas de los administrados. Ha sido el escándalo de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía, donde se han dilapidado millones de euros del erario público destinado a los parados, el que ha puesto negro sobre blanco la irresposabilidad de nuestros políticos. El último imputado por la jueza Mercedes Alaya, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, lo ha confesado publicamete sin que se le caiga la cara de vergüenza. Ha dicho Márquez: que él era un responsable político, que su cometido no era el control de la legalidad sino que para ello había funcionarios y que "no ha visto un interventor en su vida", que "a estas alturas sigue sin conocer el contenido del convenio marco" del 2001 que permitió empezar a otorgar las ayudas investigadas (que se elevaban a más e 150 millones de euros), y que "ni se lo leyó, lo estudió ni lo analizó", sino que se lo explicaron sus superiores, dejando claro que su cometido no eran las cuestiones de legalidad. Pero sí lo era, naturalmente, el uso y abuso del coche oficial, del despacho y de la visa-oro a costa del contribuyente.

No es el primer político que confiesa no enterarse de lo que firma. Ya antes se han dado numerosos casos desde alcaldes a ministras y desde consejeros a presidentes autonómicos de todos los partidos del espectro. Da igual que se hayan gastado diez mil euros en trajes o cientos de millones en solucionarle la vida a sus compañeros de partido y, aunque las comparaciones son odiosas, siempre hay una medida cuyo tope no se debe de rebasar. Pero, como dijo en su momentos una ministra cordobesa, el dinero público no es de nadie y así, claro, ellos pueden hacer lo que les salga de las narices con los impuestos de todos sin tener que dar explicaciones y sin que nadie les pida responsabilidades, no ya penales, que también, sino ni incluso políticas.

Con estos mimbres no es de extrañar que los dos partidos que gobiernan en estos momentos Andalucía y se reparten los cargos de la Junta, PSOE e IULV-CA, se hayan puesto de acuerdo para que en la famosa Comisión de Investigación parlamentaria de los EREs fraudulentos no comparezca el chofer de Francisco Javier Guerrero, ya saben, el tal Juan Francisco Trujillo quien se descolgó ante la Guardia Civil y la jueza Alaya diciendo aquello de que su jefe y él se gastaban el dinero en juergas y cocaína. Y es que, para uno que dice la verdad, por muy poco políticamente correcta que ésta sea, el resto de los comparecientes, desde, por órden alfabético, Magdalena Álvarez a Juan Ignacio Zoido, pasando por Pepe Griñán, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, Javier Arenas, Eduardo Zaplana y así hasta los veinticinco citados, van a tratar de salvar los muebles y salir de rositas de una Comisión que cada día más se parece a un desfile de la mismísima Pasarela Cibeles por la de trapos sucios que van a salir a relucir.Uno se pregunta qué hubiera pasado si todos los presuntos implicados en esta trama de los EREs, tanto por acción como por omisión, no fueran políticos sino gentes como usted o como yo. Estaríamos hablando en estos momentos de la Consejería de Empleo de la Junta como la Cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones, pero, claro, como dice el axioma económico: "Si debes mil euros a tu banco, tienes un problema; si debes un millón, el problema lo tiene el banco". Y en este caso, además, los que han llevado a cabo el escándalo lo han  hecho con dinero público y tienen el respaldo de las urnas. Con la Iglesia hemos topado, Sancho. Aquí, ni Comisión de Investigación ni otras gaitas por el estilo que sólo sirven a intereses espúreos, la única que tiene la llave del "abrete sésamo" de todo el tinglado es la jueza Mercedes Alaya antes de que la Junta consiga quitarle el caso de las manos y pasarlo a instancias superiores. Lo demás son sólo pamplinas de cara a la galería de unos políticos para quienes cualquier responsabilidad en su gestión es algo de lo que jamás han oído hablar.