Hay clara
división de interpretaciones sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y
Financiera desarrollado el martes bajo la presidencia del ministro
Montoro y al
que estaban convocados todos los consejeros de Economía o Hacienda de las CCAA.
Mientras para algunos medios, como La Vanguardia, se produjo "rebelión" de las cuatro
Comunidades no gobernadas por el PP -Cataluña, Andalucía., Canarias y
Asturias-, para otros diarios lo que se produjo fue una "deslealtad
intolerable", como la llama ABC. El Periódico de Cataluña habla de
amotinamiento de Cataluña y Andalucía contra las autonomías del PP. El País
prefiere hablar de "plante", y El Mundo dice que Cataluña y Andalucía "dinamitan
la estrategia de
Rajoy y contra el déficit". Lo cierto es que el 'no' con el
que esas cuatro Comunidades Autónomas respondieron a los objetivos de
déficit y deuda propuestos
por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
significa, según interpreta El Mundo, un golpe para la imagen internacional del
Ejecutivo de Mariano Rajoy,
al que organismos tan importantes como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco
Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea han exigido, en varias ocasiones, que
controle "el excesivo gasto" autonómico. De esos cuatro gobiernos
regionales 'rebeldes', realmente sólo dos se opusieron a los objetivos de
Montoro, Canarias y Asturias. Las otras dos, Cataluña y Andalucía, ni siquiera
votaron. La primera no envió a la reunión a su consejero,
Andreu Mas-Colell, mientras que la
representante andaluza,
Carmen Martínez Aguayo,
se levantó de la mesa de negociación al cabo de media hora. La petición del
ministro a la consejera de Hacienda andaluza de rebajar el objetivo de
endeudamiento del 15,1% del Producto Interior Bruto al 13,2% resultó
"inconcebible" para ésta, según explicó: "Nos obligan a hacer un
ajuste desproporcionado e ilógico. Esto supone que Andalucía, el año que viene,
para poder cumplir con sus obligaciones, tiene que hacer un presupuesto con un
superávit de dos puntos del PIB, unos 3.000 millones de euros", dijo,
visiblemente enfadada,
Martínez Aguayo, que además anunció que su partido, el PSOE,
presentará
un recurso ante el Tribunal Constitucional con el fin de impugnar lo pactado este
martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esta vez, al desplante catalán se sumó el de la
consejera andaluza, quien calificó como "injusta" y "discriminatoria" la deuda
máxima fijada por el Gobierno para Andalucía. "Es inconcebible que tengamos que
ajustarnos, tanto en el déficit como en la deuda, comunidades que tenemos
mejores datos y que estamos por debajo de la media", señaló la responsable de
las arcas andaluza. "Este objetivo supone a Andalucía una petición
desproporcionada cuyo objetivo es doblegar la voluntad de los andaluces y
obligarnos a hacer un recorte indiscriminado e ilógico en servicios como la
sanidad y la educación; y eso no lo vamos a aceptar".
El
ministro Montoro no pareció demasiado contrariado por el 'portazo' de Andalucía
ni tampoco por el desaire catalán. Preguntado si el Gobierno tomaría
represalias contra estas comunidades, su respuesta fue "no, no pasa
nada". Su tranquilidad se fundamenta en la seguridad de que, a pesar de lo
que él calificó de "pose política", a Cataluña y Andalucía, así como
Canarias y Asturias, no le quedará más remedio que "cumplir la Ley de Estabilidad
Presupuestaria". Cabe recordar que el texto de la ley,
aprobado en abril de este año, obliga a todas las administraciones, central,
autonómica y local, a combatir el déficit, trabajar en la consecución del
equilibrio presupuestario y a perseguir la sostenibilidad de la deuda pública.
Y, por vez primera en la historia del Estado autonómico, según destacó Montoro,
también obliga a presupuestar con techo de gasto. A esta exigencia que tienen
todas las comunidades autónomas, se suma la utilización por parte de la mayoría
de dinero suministrado por el Gobierno Central, lo que les hace imposible la
subversión más allá del gesto público de este martes. Andalucía, sin ir más
lejos, acudió la semana pasada a una línea de crédito del ICO y Cataluña,
también hace sólo siete días anunció que
pediría el "rescate". Mas-Colell asumió entonces que la
Generalitat no dispone "de otro banco que el Gobierno español".
En todo caso, y
como señala El País, es evidente que el Gobierno tiene dificultades para
controlar a las comunidades, y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano de coordinación de la política
económica entre Hacienda y los consejeros de Economía, se está convirtiendo en
el escenario donde los Gobiernos autonómicos ponen de manifiesto sus
diferencias con el Ejecutivo central. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias
se manifestaron en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria, con
un límite de déficit del 0,7% del PIB para 2013; y el techo de deuda en el
15,1% del PIB en 2012 y del 16%, en 2013), propuestos por el Ejecutivo. Se
mantiene así el pulso de estas autonomías con el Ejecutivo. También es
indudable que la incapacidad del Gobierno para meter en cintura las cuentas regionales
preocupa en Europa, y que la división comprobada este martes supone un pésimo
mensaje a las instituciones internacionales en una de las semanas más decisivas
para el futuro inmediato del país. Los líderes europeos han acentuado sus
encuentros estos días pendientes de la reunión del Banco Central
Europeo (BCE), donde
se espera que pueda tomar decisiones para calmar el acoso de los mercados, que
azuzan la prima de riesgo española a niveles insostenibles. Por eso, el
ministro Montoro, quiso señalar, durante la rueda de prensa posterior a la
reunión, que "una mayoría aplastante de comunidades se ha manifestado a
favor de los objetivos de déficit y de los techos de deuda. Esto es lo
importante, que el Estado de las Autonomías de España está dando pasos para que
todos cumplamos".
También será bueno recordar que el Ejecutivo de Rajoy ha conseguido
de Bruselas un aplazamiento del objetivo de déficit de un año, y que algunas
comunidades han reclamado al Gobierno que comparta ese margen extra con ellas. En
el último encuentro entre los consejeros y el ministro, el pasado 12 de mayo,
se produjo una rebelión liderada por Cataluña y Andalucía y en la que, además
de Asturias y Canarias, participaron dos territorios gobernados por el PP como
Extremadura y Castilla y León. Galicia dio un "sí crítico". Los restantes se
abstuvieron en la votación sobre el déficit porque no se flexibilizó el
déficit.
Montoro tachó las posturas de
Cataluña y Andalucía como "poses políticas". Es ya frecuente la actitud
chulesca y amenazante de Montoro. Esta vez amenazó con aplicar la Ley de
Estabilidad, aprobada por el Gobierno para controlar los desequilibrios
presupuestarios, una norma que permite intervenir las Administraciones
regionales. Por eso el ministro aclaró que no está preocupado por la
consecución de los objetivos por parte de estas comunidades. Por lo demás, es
variable el límite de deuda admitida para Andalucía en 2012: será de 12,7%,
mientras para Aragón será del 11,9% del PIB, para Asturias, el 11,28%; para
Baleares, el 18,37%), para Cantabria, el 11,92%, para Castilla La-Mancha, el
20,43%, para Castilla y León, el 11,9%, para
Cataluña el 22,81%, para Extremadura el 13,8%, para Galicia el 14,32%, para La
Rioja el 13,02%, para Madrid, el 9,87%, para Murcia, el 12,55%, para Navarra,
el 14,77%, para el País Vasco, el 10,19% y para la Comunidad Valenciana, el 22,18%.
Unos objetivos de deuda para 2013 que se fijan atendiendo al dato que figura en
el Banco de España a 31 de diciembre de 2011, se le suma el déficit previsto
para este año (1,5% del PIB), más ajustes por la liquidación de la financiación
de 2008 y 2009. Hacienda ha fijado un objetivo global de endeudamiento para el
conjunto de las comunidades en el 16% para 2013. Pero para conseguirlo, cada
comunidad deberá cumplir con su propio límite, lo que provocó el rechazo de Andalucía.
Este sistema de cálculo, de alguna manera, "premia" a las comunidades más
manirrotas y con mayor deuda, porque deben hacer el mismo esfuerzo de reducción
de deuda que el resto. Pero esos nuevos objetivos de déficit y de deuda
obligarán a las comunidades a profundizar en los recortes. Por eso, algunas
Comunidades, como Madrid o Murcia, pidieron más reformas al Gobierno para poder
reducir gastos en Sanidad y Educación.
La Vanguardia destaca que el
Consejo confirmó un límite de déficit para las comunidades autónomas del 0,7%
del PIB para el 2013, frente al 3,8% de la Administración central; y el techo
de deuda en el 15,1% del PIB en el 2012 y del 16%, en el 2013.Unos criterios
que impone el Gobierno y que también fueron rechazados por Asturias y Canarias.
Asi que sólo apoyaron los planes del Ejecutivo las comunidades gobernadas por
el PP, cuyos presidentes ya habían sido aleccionados el lunes por el propio
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en la Moncloa. Las comunidades que se
habían mostrado disidentes como Extremadura y Castilla-León en la anterior
reunión del consejo, cerraron filas ayer con Hacienda. Euskadi y Navarra, dice
La Vanguardia, "juegan en otra liga", la del concierto económico, mucho menos
problemática, y procuran no significarse. Según señala La Vanguardia, el Govern
de la Generalitat considera que el Ejecutivo español ha roto con el
"espíritu de cooperación y la solidaridad que debería presidir las
relaciones institucionales en un momento tan difícil". En el caso de
Cataluña, se añade, además, el grave problema de liquidez que impide al Govern
hacer frente a pagos tan importantes como los servicios sociales concertados,
que tienen amenazadas las nóminas de julio. Tal como funciona el sistema de
financiación, la Generalitat no puede pagar si Hacienda no le hace llegar a
tiempo las transferencias correspondientes, puesto que el mercado financiera
está cerrado. "El Gobierno del Estado nos falla", denunció con tono
grave el portavoz del Govern de la Generalitat, Francesc Homs, "Es la
evidencia de los hechos: no proporciona la liquidez que necesitamos a efectos
ordinarios de refinanciación y cobertura del déficit acordado. La liquidez de
fin de mes la dan ellos y han de cumplir... Ya nos gustaría que fuera
distinto". Por su parte, el ministerio de Hacienda se comprometió a
resolver los problemas de liquidez de las comunidades autónomas ante la
evidencia de que no podían acudir al mercado del crédito. Como dijo Andreu
Mas-Colell, el Tesoro Español es el único banco en condiciones de transferir
dinero a las comunidades autónomas y el conseller no se cansa de repetir una y
mil veces que "no hemos de acomplejarnos por ello, porque somos contribuyentes
y el Estado está obligado a asegurar servicios básicos como la liquidez. Si
faltara agua ocurriría lo mismo, pero ahora falta otro tipo de líquido". El
caso es que todos los problemas que afectan a la liquidez de la Generalitat, el
impago de conciertos y de nóminas, viene determinado por el hecho de que el
Ministerio de Hacienda ha frenado en seco las transferencias comprometidas por
el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con Cataluña para hacer frente a los
vencimientos de deuda por valor de 424 millones de euros correspondientes a los
meses de junio, julio y agosto. Desde la reforma constitucional, legalmente la
Generalitat está obligada a pagar antes la deuda financiera que ninguna otra
cosa, por eso el Govern se ha quedado sin dinero en la caja para pagar facturas
y conciertos que afectan a entidades que están prestando servicios públicos
esenciales y que a su vez tendrán problemas para pagar su nóminas. Pero los
desacuerdos no se acaban aquí. También existe una discrepancia sobre la
previsión presupuestaria, puesto que el Gobierno central impone a las
comunidades a sacrificarse el doble que a la propia Administración central.
"Nosotros apelamos al espíritu de cooperación, somos socios, nosotros formamos
parte del Reino de España como ellos", se quejan en Cataluña...
Y, entre tanto, los
organismos internacionales, observan el espectáculo español...
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A Montoro no le preocupan ni Cataluña, ni Andalucía; sólo que se cumpla la ley
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