Unos 200 vecinos de la zona musulmana de la Cañada Real Galiana, en protesta por el violento desalojo y derribo de una vivienda ilegal ocurrido el jueves, que se saldó con una treintena de heridos y nueve detenido, caminan por la A-3 (carretera de Valencia) en dirección Madrid para llegar hasta la Junta Municipal de Vicálvaro.
Los dos centenares de ciudadanos, en su mayoría de origen árabe, están haciendo el recorrido por la carretera, escoltados durante todo el trayecto por la Policía, con la intención de evitar accidentes. Debido a la marcha, la vía registra un kilómetro de retenciones entre los kilómetros 10 y 11, en dirección Madrid, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
El vocal de la asociación de Vecinos de la Cañada Real, Miguel Martín, adelantó que "de forma espontánea" los vecinos habían decidido acudir ante la Junta Municipal del distrito para protestar por "la injusticia sufrida".
Martín dijo que "los vecinos van a reclamar que se acabe de una vez por todas el atropello que están sufriendo en la zona de la Cañada".
Demolición paralizada
Una jueza de lo Contencioso Administrativo número 20 de Madrid decidió paralizar el derribo de siete de las viviendas ubicadas en la Cañada Real Galiana por parte del Ayuntamiento de Madrid, informó una de las portavoces de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, Alicia García Lázaro.
La juez prolonga así la suspensión provisional de derribo determinada por un plazo de 3 días, por lo que "de momento evidentemente no se van a demoler las siete viviendas", manifestó García Lázaro.
Por su parte, la abogada de las siete familias de rumanos que habitan en las viviendas cuyo derribo ha sido paralizado durante el tiempo que dure el procedimiento judicial, Eva Navarrete, confirmó a Europa Press que ha recibido "el auto que confirma la suspensión de las órdenes de desalojo y demolición".
"Ahora el Ayuntamiento tendrá que traspasarnos el expediente administrativo del caso, esperamos que el lunes o el martes, y tendremos 20 días para formalizar la demanda ante el mismo juzgado, ya habiendo estudiando el fondo del asunto y viendo qué posibilidades jurídicas tenemos", argumentó Navarrete.