Según el sindicato, "añadir un recorte del 3% del salario bruto individual mensual a la supresión de la paga extra de Navidad -que supone un 7% de las retribuciones de los empleados públicos- implicaría una agresión brutal a más de 70.000 familias en nuestra región".
CSI·F señala que de no anularse esta medida, Castilla-La Mancha sería la única región en donde se aplicarían dos "sanciones salariales" y dos quebrantos económicos a los empleados públicos. Y es por este motivo por lo que el sindicato solicita a la Junta que "busque la fórmula para no aplicar este medida abusiva, modificando el Plan de Garantías o aprobando un nuevo decreto que garantice la no aplicación del recorte salarial".
Además, "exige" tomar esta medida a la presidenta en línea con lo aprobado por otras Comunidades Autónomas de distinto signo político como Madrid o Andalucía. El sindicato independiente recuerda que Esperanza Aguirre acaba de anunciar que va a anular y a devolver en los próximos meses la rebaja salarial autonómica.
CSI·F pide a Cospedal "que deje de convertir a Castilla-La Mancha, con la excusa de cumplir el déficit, en un laboratorio de ensayo de recortes para miles de funcionarios, laborales y estatutarios de las administraciones públicas".
El sindicato independiente recuerda, además, que este tipo de medidas tienen una repercusión negativa y directa sobre el empleo y el desarrollo económico y social de la región.
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