Caso Bolinaga, o Uribetxeberria, suma y sigue

El Caso Bolinaga, como los medios prefieren llamar a caso que protagoniza el etarra recluso con cáncer terminal José Uribetxeberria, se sospecha que supondrá un antecedente para otros casos, y se da por supuesto que dará mucho que discutir. Ya lo está haciendo. Los diarios de este domingo siguen ocupándose del caso, o de circunstancias similares o asimilables. Asegura El País que el Gobierno prepara medidas de reinserción para etarras huidos, y que esta iniciativa podría alcanzar a unos 300 miembros de ETA fugados. Según El Mundo, cada tres días muere en la cárcel un reo enfermo como Bolinaza. Y da cuenta del desafío a la Justicia y humillación a las víctimas que supuso la reunión en Bilbao, este sábado, de la izquierda abertzale para aplaudir al carcelero Bolinaga. En ABC se asegura que Interior argumenta que sería arbitrario dejar preso al etarra, y  se pregunta Hermann Tertsch "qué problema tendría Rajoy con que el miserable Uribetxeberria pasara unos meses más siendo tratado en el hospital penitenciario. E Ignacio Camacho concluye que "si el preso tiene derecho a salir, que salga, pero ni un minuto antes del plazo legal y sin el más mínimo margen de indulgencia. Cuenta La Razón que "los palmetros de ERTA se van de fiesta, y que la izquierda abertzale se burla de nuevo de la Justicia y aplaude a Bolinaga pese a la orden de no ensalzar al etarra. Y destaca La Gaceta que la candidata de Bildu alas elecciones vascas enaltece al terrorist, y que los batasunos burlan la prohibición del juez de celebrar la libertad del secuestrador...

En efecto, era previsible lo que sucedió este sábado en Bilbao, donde los partidos y colectivos firmantes del Acuerdo de Gernika exigieron la inmediata excarcelación del preso de ETA Iosu Uribetxebarria y de los otros 13 reclusos etarras con enfermedades graves en una concentración en la que también han intervenido miembros de la plataforma Herrira. La concentración se había convocado después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hubiera acordado la prohibición de una manifestación convocada al mediodía, también en Bilbao, por Herrira, plataforma de apoyo a los presos de ETA, al considerar que su fin era no sólo "ensalzar" a un etarra sino la lucha armada. En el inicio del acto tomaron la palabra en nombre de los firmantes del Acuerdo de Gernika Iosu Murgia y Sonia González, quienes solicitaron al Gobierno que finalice con una política penitenciaria que, en su opinión, se ejerce como "herramienta" de "venganza" contra los presos de ETA. Se han referido en concreto a la situación de Uribetxebarria, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara y que se encuentra enfermo de cáncer e ingresado en el Hospital Donostia de San Sebastián, donde desde hace once días está en huelga de hambre. Y solicitaron su inmediata excarcelación después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidiera concederle el tercer grado por enfermedad grave. Después han subido a la tribuna un grupo de personas con camisetas de la plataforma Herrira, quienes han denunciado que, a pesar de la situación límite de Uribetxebarria, se sigue "alargando su puesta en libertad" y han pedido al Gobierno que finalice con las "excepcionalidades". Han afirmado que Uribetxeberria se encuentra bien y decidido en su actitud. Durante el acto se produjeron gritos de Iosu askatu (libertad para Iosu) o (presos a la calle, amnistía total).

La Asociación de Víctimas del Terrorismo había pedido al juez a Pedraz la prohibición de esta concentración al considerar que tenía "idéntica similitud" a la convocada por Herrira. Sin embargo y ante la falta de tiempo para atender a dicha petición, el magistrado solicitó, a instancias de la fiscalía, un informe urgente a la Policía Autónoma Vasca para determinar si el acto tenía el fin de "ensalzar" al etarra Iosu Uribetxeberia, en cuyo caso ha pedido identificar a los responsables. Finalmente, los miembros de Herrira en huelga de hambre leyeron un mensaje de Uribetxeberria, que asegura que mantendrá su ayuno hasta que sea puesto en libertad definitivamente. El etarra agradeció la "ola" de solidaridad: "El proceso está bien encaminado. Tenemos que seguir así para lograr la solución que necesita este país". El departamento de Interior del País Vasco ha señalado que no se ha producido "ningún tipo de incidente" en la concentración convocada en Bilbao para pedir la excarcelación de Iosu Uribetxebarria.

De otro lado, cuenta El País, que el Ministerio del Interior quiere ofrecer a los miembros huidos de la banda terrorista ETA la posibilidad de volver a España, siempre y cuando se desvinculen de la organización. Aún no están cerrados todos los puntos de la iniciativa, señálale diario, pero hay unas líneas generales sobre las que ya está trabajando el ministerio. En principio, aquellos reclusos sin procedimientos judiciales abiertos, sobre los que no exista una orden de busca y captura, si dieran el paso de alejarse de ETA, podrían volver sin temer que se les impute un delito de pertenencia a banda armada, según fuentes conocedoras del proyecto. Estas fuentes aseguran que se cumplirá la ley, en todo caso, y que se verificará cuidadosamente si la persona tiene delitos por los que debe ser juzgado o cumplir condena. Aún no está claro cómo deberá comprobarse la desvinculación de la banda. Los que tengan cuentas pendientes con la justicia seguirán teniéndolas. En estos casos, si tras regresar a España son condenados o tenían ya una sentencia que cumplir, si se desvincularan de ETA podrían incorporarse de inmediato al plan de reinserción de presos anunciado el pasado abril por Interior. De esta forma, podrían ingresar directamente en una prisión vasca y tener acceso a beneficios penitenciarios si cumplen con todos los requisitos que contempla el Código Penal.

Calcula el Ministerio del Interior que los huidos etarras son unos 300. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, sin embargo, cifra en 184 el número de miembros de la banda terrorista que se encuentran en distintos países de Europa, África y América. Afirma que hay 141 con orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional y otros 43 sobre los que no pesa ningún requerimiento judicial, aunque la asociación plantea que deberían ser imputados. En principio, y salvo que se abran nuevos procedimientos, estos últimos podrían volver sin problema, pero siempre existe la duda, porque lo que muy pocos tienen es información precisa. Muchos de ellos no saben con seguridad si tienen alguna causa pendiente, porque se haya interrumpido el plazo de prescripción o alguien les haya involucrado en algún delito, o si podría haberla. No saben si nada más llegar a Euskadi van a ser acusados de formar parte de una organización que, aunque ya no mata, todavía está activa. Por eso, el plan se centra también en la información, en establecer algún canal para que los huidos puedan conocer su situación y lo que les espera si regresan. Se trata de un programa que tendrá que contar también con el apoyo de las embajadas españolas en determinados países. Según el reportaje de El País, la casuística de los huidos es muy diversa. Los hay que siguen activos como miembros de ETA, en Francia o en otros países europeos como Reino Unido o Italia, adonde se están marchando para evitar la presión policial francesa. Otros ya no colaboran activamente con la banda, con la que tienen una mayor o menor vinculación según los casos. Algunos llevan poco tiempo fuera. Otros, décadas, como los deportados en los años 80 a través de acuerdos entre los Gobiernos de Felipe González y algunos países de acogida en África y América. Algunos viven escondidos o con documentación falsa. Otros, residen y trabajan tranquilamente en sus casas, como los que viven en Venezuela.

La inminencia de la iniciativa sobre el retorno y reinserción de huidos la anunció veladamente el pasado 9 de agosto el ministro del Interior, Jorge Fernández. El ministro apostaba por un modelo de disolución de la organización terrorista similar al desarrollado en Italia en los años 80 con las Brigadas Rojas, y señalaba que iría acompañado por medidas de reinserción individualizada de los presos y, en su caso de "los refugiados y huidos que tengan cuentas pendientes con la Justicia". "Siempre en el marco de la Ley", añadía. Fernández aseguraba en esa entrevista que el cese de la violencia de ETA es "irreversible"; que su aparato militar está "inactivo"; y que su diezmada estructura logística se limita a mantener la comunicación entre sus "escasos" militantes y de custodiar la red de zulos donde la banda conserva su armamento.

Dedica también su atención El País al director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste de quien cuenta que las víctimas le acusan de haber cedido al chantaje, mientras él insiste en que solo ha aplicado los principios humanitarios de la ley. "Hemos aplicado la ley como lo hicieron otras administraciones penitenciarias antes. Y la decisión final la tomará el juez de vigilancia. De alguna manera, al legislador le repugna que, cuando no tenemos pena de muerte, alguien desahuciado para la vida, si no es un peligro para la sociedad, no pueda morir con humanidad. Estamos aplicando los principios humanitarios de nuestras leyes y de la jurisprudencia constitucional. Pero nosotros no estamos haciendo un juicio ético de la catadura moral de Uribetxeberria. Aplicamos la ley. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, en una providencia del 16 de agosto, nos obligaba a pronunciarnos. El informe médico prácticamente desahucia a este preso, le da un pronóstico muy sombrío. La discrecionalidad de la administración queda matizada por estas dos premisas y porque es difícil que, por la enfermedad y por la coyuntura de este recluso, vaya a reincidir. La ley sí nos obliga a manejar estas variables para tomar una decisión.

El artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario y el 92 del Código Penal señalan que, cuando hay un peligro que compromete la vida del preso, se aplicarán los criterios de los que antes hemos hablado con independencia de otras variables que sí se tienen en cuenta con los reclusos sanos. No parece que la teatralización de las huelgas de hambre de algunos reclusos, con niveles de compromiso muy escasos, tenga la entidad suficiente, y menos ahora, con ETA derrotada policialmente, para generar una coacción que puedan ganar. Si los gobiernos han resistido coacciones cuando había vidas en juego, como la de Miguel Ángel Blanco, insinuar ahora que hemos cedido a un chantaje sólo sirve a los que conectan con los intereses de ETA y de la izquierda abertzale. Estos últimos, insistiendo en la connivencia siniestra que han tenido en el pasado con ETA, se han retratado. Podían haber aprovechado la ocasión para haber colaborado en la resolución del asunto en vez de agitar este espantajo. Pero no lo han hecho. En cuanto a la izquierda abertzale no necesita excusas para lanzar su mensaje victimista. Y la actuación de la Administración no puede especular sobre intereses políticos. Otra cosa es que no desconozca los intereses de los terroristas y del mundo que les jalea".

Todo sigue siendo muy previsible: El aprovechamiento del "éxito" por los abertzales, y las reacciones de protesta estaban cantados...